Dura crítica de la Fiscalía del contencioso-administrativo del Tribunal Supremo al sindicato ultra Jucil, que había exigido la ilegalización de EH Bildu por incluir a 44 exmiembros de ETA en las listas de las elecciones municipales del 28 de mayo. En un informe publicado por la Fiscalía General del Estado al cual ha tenido acceso El Món, la Fiscalía se opone al escrito presentado por la asociación de guardias civiles porque no ve ningún “indicio mínimamente racional” de que el partido de la izquierda abertzale incumpla la ley de partidos.
Jucil había enviado dos cartas al presidente español, Pedro Sánchez, y a la Fiscalía General del Estado reclamándoles que iniciaran el procedimiento para ilegalizar a EH Bildu. También reclamaba el embargo del sueldo de los exmiembros de ETA que salgan elegidos regidores para dedicar el dinero a la “reparación de los daños a las víctimas de sus delitos”. Después de la polémica que se ha generado, Bildu anunció que los siete candidatos que tienen condenas por delitos de sangre renunciarán a sus escaños si salen elegidos.
Bildu es un partido democrático que rechaza la violencia, dice la Fiscalía
En el escrito, la Fiscalía deja muy claro que EH Bildu es una “formación política democrática” y descarta de manera contundente instar el inicio del procedimiento de ilegalización del partido abertzale. El ministerio público recuerda que tanto el partido como sus miembros “han condenado y condenan públicamente la violencia terrorista y han aceptado y asumido el ejercicio de la actividad política adentro del marco democrático y constitucional”. La Fiscalía considera “imprescindible” recordar que ETA hace más de 11 años que se disolvió y cree necesario analizar la ley y las resoluciones desde la “perspectiva actual”.
La decisión de Bildu de llevar 44 exmiembros de ETA en sus listas electorales ha generado un gran debate político y social –la Fiscalía ya ha dejado claro que es legal– sobre la posibilidad de que condenados por terrorismo se puedan presentar a unas elecciones. Con la renuncia de los siete candidatos con delitos de sangre, Bildu espera aplacar las críticas que le han llegado de casi todo el arco parlamentario, con el PP y Vox en primera fila para capitalizar la polémica y el PSOE justo detrás para minimizar la fuga de votos.
El PP tampoco ve indicios para ilegalizar Bildu
Los servicios jurídicos del PP tampoco ven base legal para ilegalizar a Bildu, tal como había pedido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso. La dirigente popular había asegurado que existen instrumentos legales para intentarlo e incluso ha afirmado que ETA “está viva”. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha contradicho a Ayuso y ha dicho que sus servicios jurídicos creen que no se puede ilegalizar a Bildu, a pesar de que ha reclamado a Pedro Sánchez que también consulte a la Abogacía del Estado por “para disipar cualquier tipo de duda”.
