Nuevo recurso de la defensa de Santos Cerdán en la sala de apelaciones del Tribunal Supremo. En esta ocasión, los abogados del exnúmero tres del PSOE, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, han registrado un recurso de apelación contra la prisión provisional que su cliente lleva más de cien días sufriendo. Una prisión confirmada por un auto del magistrado instructor del pasado primero de octubre. En el escrito, de 24 páginas y al que ha tenido acceso El Món, los letrados cargan contra una prisión provisional que ven injustificada y que, además, no encaja con el argumento del riesgo de destrucción de pruebas.
Tras recordar los vicios procesales que tendría la causa en su origen y la sospecha cada vez más clara de que Cerdán fue investigado antes de solicitar el preceptivo suplicatorio al Congreso de los Diputados, carga contra una instrucción que no encuentra indicios para incriminarlo. De hecho, los letrados definen la investigación como una «construcción sobre el vacío y en un peligroso círculo vicioso en el que la falta de pruebas por parte de los investigadores se utiliza como justificación para prorrogar la prisión en espera de que, finalmente, estas fuentes de prueba aparezcan y puedan ser añadidas a las actuaciones».
Dos posibilidades
«Digamos que hay una situación objetiva y constatada: no han aparecido fuentes de prueba relativas a los cinco millones de euros y ante la constatación objetiva hay dos posibles perspectivas: o las pruebas no existen y, por lo tanto, no aparecerán, o bien las fuentes de prueba están tan ocultas que hay que seguir investigando hasta hacerlas aflorar». Si bien la primera tesis es la defensa, la segunda es la de la instrucción, por la cual la defensa no se está de criticarlo, incluso, con un punto de ironía elocuente.
Así, recuerdan que el magistrado instructor considera proteger las fuentes de prueba era sobre todo para averiguar las relaciones entre las empresas Servinabar y Acciona con Cerdán. Pero en el recurso enfatizan que los responsables de estas dos sociedades se encuentran en libertad. Un argumento, pues, que consideran «falaz» en el entendido de que no se adopta la prisión para los «poseedores de la documentación y los titulares de las responsabilidades contables, financieras y humanas de estas mercantiles supuestamente relacionadas con Cerdán».
«Parece evidente que en el caso hipotético de que existiera alguna prueba pendiente de obtener en relación con estas mercantiles, difícilmente se puede justificar la prisión del ciudadano que no estaría en posesión de la documentación mencionada», razonan los abogados. Asimismo, recuerdan que ya se ha realizado el registro en la sede de Servinabar y, en cambio, todavía está pendiente el registro en la sede de Acciona.
