Después de meses buscado por el juez, el exlíder del PP, Pablo Casado, ya ha aparecido y, además, parece que no quiere que le molesten. El expresidente de los populares españoles ha presentado un recurso de reforma contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona de admitir a trámite la querella que lo denunciaba por delito de odio y de injurias y calumnias a raíz de sus declaraciones contra los docentes catalanes. Con este escrito, de 32 páginas y al que ha tenido acceso El Món, considera que en la interlocutoria de procesamiento del pasado 25 de Octubre, que se han vulnerado derechos fundamentales y pide archivar la causa incluso antes de practicar cualquier diligencia.
En el recurso, la abogada de Casado argumenta que los que han interpuesto la querella -Grupo de Abogados Independientes o la Generalitat de Cataluña- utilizan de «forma espuria» el derecho penal. Es más, acusan al juez y a los querellantes de tirar adelante un procedimiento que define como «nulo de pleno derecho». Incluso, llega a acusar al instructor de «ni siquiera haber cumplido con los requisitos procedimentales exigidos por la legislación para presentar una querella de estas características». Tanto el Grupo de Abogados Independientes como la Generalitat denunciaron en el juzgado las declaraciones donde aseguraba que los docentes catalanes no dejavan ir al baño a los alumnos si no lo pedían en catalán. Casado culpa de sus palabras a los periodistas porque, indica, se basó en lo que decían los diarios.
Libertad de expresión
En el mismo escrito, la defensa del popular asegura que las «manifestaciones realizadas por Pablo Casado son lícitas». «Se realizaron», continúa, «en base a informaciones periodísticas, publicadas con carácter previo, y en uso del derecho a la libertad de expresión reconocido por la Constitución a todos los españoles». «No puede haber injurias y calumnias», añade. Tampoco considera que haya delito de odio porque no se cumple dando por sentado que sus palabras «no se dirigen a un grupo determinado ni incitan a la violencia u hostilidad hacia la población catalana».
Por otro lado, el equipo legal de Casado enfatiza que los querellantes no tienen legitimidad para ser querellantes. El motivo es que, según su interpretación de la ley procesal, «no son personas ofendidas» por la comisión de los presuntos delitos denunciados. En todo caso, el recurso también alega que Casado disfrutaba «de inviolabilidad parlamentaria» y, por lo tanto, «sus opiniones no podrían derivar en ninguna responsabilidad penal».
