Respuesta del secretario general de Junts, Jordi Turull, a la tramitación de un segundo indulto que tiene como objetivo retirar la pena de 12 años de inhabilitación que todavía tiene pendiente de cumplir. Una inhabilitación que comparte con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, el exconseller de Exteriores, Raül Romeva y la exconsellera Dolors Bassa. Después de que el pasado, la sala Penal del Tribunal Supremo tramitara la petición de indulto instada el mes de julio pasado por el ciudadano Jordi Miralda, Turull ha enviado una carta al ministro de Justicia, Fèlix Bolaños, con una petición clara: quiere ser apartado de la petición de indulto para “no blanquear la actitud prevaricadora y de rebeldía de los magistrados del Supremo que lo condenaron”. La carta también será aportada este viernes al Tribunal Supremo que tramita la petición.
De hecho, en la misiva Turull considera que la actitud del tribunal sentenciador, que presidía Manuel Marchena, de negar la aplicación de la ley del olvido penal obstaculiza la aplicación de la amnistía a muchas personas que todavía “están procesadas o han sido condenadas”, como, por ejemplo, los implicados en la operación Judes. En la carta, a la que ha tenido acceso El Món, firmada el tres de enero, Turull se dirige a Bolaños como “represaliado por la justicia española” y argumenta que ahora lo que procede es aplicar la amnistía y no otro indulto parcial. La carta llega después de que el ministerio fiscal se haya mostrado favorable a la petición y que la abogacía del Estado no se posicione porque su opinión podría condicionar al gobierno español que es quien otorga el indulto.
Blanqueo de la prevaricación
En las cuatro páginas de la carta, el líder de Junts esboza el camino procesal y legislativo que han sufrido los líderes civiles e institucionales del país. Es decir, la condena, la prisión, el indulto, la modificación del Código Penal con la derogación del delito de sedición y la reforma del delito de malversación y, en última instancia, la amnistía. Una amnistía pendiente de aplicación entre los condenados por sedición y malversación por impedimento de los magistrados que se ha argumentado “injustificadamente y de forma claramente arbitraria”.
Una actitud que delata como prevaricadora por impedir la aplicación de la voluntad del legislador. De hecho, el exconseller de Presidencia lo considera “un pulso contra el poder legislativo del cual usted forma parte es una evidencia palmaria, porque mucho antes de que se promulgara la mencionada ley ya se advertía que a mí y a muchos otros conciudadanos no se nos aplicaría”. “Concederme el indulto no resolvería el grave problema que ha creado gran parte del poder judicial contra el poder legislativo, sino que ayudaría a que las conductas desplegadas por estos magistrados rebeldes quedaran diluidas”, sentencia Turull.
“Entiendo que corresponde al Tribunal Constitucional y/o en su caso a la Justicia Europea (ya sea el TJUE, ya sea el TEDH) determinar de forma rotunda que una parte importante de la alta Magistratura española ha desobedecido consciente, dolosa y voluntariamente al poder legislativo, por razones puramente políticas”, concluye Turull en la misiva.
