El intento del Ayuntamiento de Tarragona de retirar el consistorio de la acusación particular del caso Inipro, sobre el presunto desvío de fondos públicos para financiar campañas electorales de los socialistas en el Ayuntamiento de Tarragona, ha sufrido un fuerte revés judicial. La titular del Juzgado Contencioso número 1 de Tarragona, Élia Soteras, ha decidido rechazar el recurso de declaración de inadmisibilidad que presentó el ayuntamiento del cual es alcalde el exregidor de Ciudadanos y ahora dirigente del PSC, Rubén Viñuales, para intentar esquivar un recurso del exalcalde de ERC en la corporación, Pau Ricomà, contra la decisión de retirarse como acusación particular de un caso que afecta al histórico alcalde socialista, Félix Ballesteros y buena parte de su equipo de confianza que deberán sentarse en el banquillo de la Audiencia tarraconense.
En una interlocutoria, de ocho páginas y a la que ha tenido acceso El Món, la jueza desestima una petición del consistorio para que el recurso interpuesto por ERC, no se admitiera por falta de legitimación de Ricomà -que ya no está en el consistorio- y, sobre todo, porque el acto recurrido es de «carácter político» y, por tanto, no se puede judicializar en el ámbito del Contencioso Administrativo. La jueza en una trabajadísima resolución concluye que ninguna de las dos peticiones puede ser aceptada, porque Ricomà tiene una legitimación reconocida por ley y, además, que el acto impugnado se trata de un «acto administrativo y, por tanto, impugnable ante la jurisdicción contenciosa administrativa».
Casi dos años de litigio
Esta derivada del caso Inipro, después de que el 28 de junio de 2023, Viñuales como nuevo alcalde firmó un decreto de alcaldía con el que ordenaba la retirada del consistorio tarraconense como parte personada y perjudicada en el caso Inipro. Un sumario con más de diez años de investigación que está a punto de tener fecha de juicio oral en la Audiencia de Tarragona. Una causa donde se pide prisión por varios delitos de corrupción a Ballesteros y miembros destacados de su gabinete político e institucional. El grupo municipal de ERC, que instó la personación en la causa, presentó entonces un recurso contencioso administrativo contra el decreto de alcaldía y pidió medidas cautelares para que se suspendiera el efecto y que el Ayuntamiento continuara como acusación particular. Las medidas cautelares no se aceptaron, pero el recurso siguió su curso.
Ante este recurso, el ayuntamiento presentó un escrito solicitando la inadmisibilidad del recurso por dos cuestiones de forma. En primer término, que el exregidor Ricomà no tiene legitimación para sostener el recurso y, en segundo lugar, que la decisión del alcalde es política y, por tanto, no puede ser sometida a escrutinio de la jurisdicción contenciosa. Ninguna de las dos razones prospera en la resolución de la jueza dictada el pasado 13 de mayo. De esta manera, continúa el litigio para decidir si la decisión del ayuntamiento se ajusta a derecho o bien, perjudica los intereses del consistorio de velar por la integridad de su gestión. En este contexto, la CUP también criticó con dureza esta retirada, y más, teniendo presente que los cupaires también iniciaron las pesquisas políticas que iniciaron el caso. Además, al destacar que la decisión de la retirada se hizo a través de un decreto de alcaldía que admitía las “irregularidades” pero que osaba quitar la responsabilidad penal de los acusados. La retirada se complicó con la elección del abogado que representará al Ayuntamiento en el caso Iqoxe, que es el mismo letrado defensor de Ballesteros en el caso Inipro.
