El caso del retorno de los murales de Sixena está activando entidades de la sociedad civil que quieren preservar las obras. En esta ocasión, ha sido el turno de la Asociación de Abogados de Osona para la Defensa de los Derechos Humanos que ha enviado un «burofax formal» al Patronato del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y al departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, donde advierten de las consecuencias penales que podría conllevar poner en riesgo las pinturas si se devuelven sin hacer caso de las advertencias de los técnicos que lo desaconsejan.
Los abogados que firman el burofax hacen constar que la Generalitat de Catalunya, a petición del gobierno de Aragón, «ha obligado a suprimir del acta de la primera reunión de la comisión de expertos» el punto en el que los especialistas técnicos catalanes advierten de la imposibilidad técnica de trasladar las obras al monasterio. De hecho, la comisión ya se ha quedado sin los técnicos aragoneses y se ha abierto una nueva brecha con la autonomía aragonesa por la presentación por parte del Patronato de un incidente de ejecución.
El artículo 323 del Código Penal
En este requerimiento legal, la Asociación advierte que «una eventual devolución de las obras, a pesar de los informes técnicos que desaconsejan el traslado por motivos de conservación y protección del patrimonio, podría incurrir en un ilícito penal tipificado en el artículo 323 del Código Penal, que castiga los daños causados a bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental». De hecho, es el mismo camino procesal que algunos exconsejeros de Cultura han puesto sobre la mesa.
En concreto, el artículo 323 establece penas para aquellas personas que deterioren o destruyan bienes protegidos, como sería el caso de las obras en cuestión si el traslado comprometiera su integridad o su preservación futura. «Los informes técnicos elaborados por expertos en conservación del patrimonio han puesto de manifiesto los graves riesgos que comportaría un traslado de las obras, algunas de las cuales presentan una fragilidad extrema», aseguran los abogados.
En este sentido, la Asociación recuerda que «las autoridades públicas tienen el deber legal de proteger el patrimonio cultural, y que cualquier actuación contraria a este principio puede derivar en responsabilidades penales y civiles». Por este motivo, en el burofax enviado se informa que, «en caso de traslado de las obras de arte, y la más que posible comisión del delito mencionado, se interpondrá la correspondiente querella criminal ante los órganos judiciales competentes».
