Trabajado escrito de la defensa de Josep Lluís Alay, ninguno de la oficina del presidente al exilio, Carles Puigdemont, al Enjuiciado Decano de Barcelona, para que investigue una posible conspiración del juez, un consorcio internacional de periodistas y miembros de la Guardia Civil para fabricar la «trama rusa» del Proceso. Una trama metida en el sumario Volhov. El escrito, al que ha tenido acceso El Món, la defensa de Alay, dirigida por Gonzalo Boye, parte del hecho que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, encargado de la instrucción, reabrió la pieza a raíz de una carta anónima recibida el pasado día de los Inocentes.
El abogado destaca, tal como avanzó El Món, que no es el primer escrito anónimo que ha animado la investigación de la supuesta trama rusa. Así recuerda, como se recibió una carta que blanqueaba información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que envolvía el independentismo con hipotéticos intereses políticos y económicos del Kremlin. El escrito detalla como se habría llevado a cabo la operativa, y es que se habrían obtenido información de los teléfonos móviles de Víctor Terradellas intervenidos el mayo de 2018, pero que la información de la cual no llegaría a la Guardia Civil hasta un año después.
«Misteriosamente, y siguiendo aquello que parecería un plan de incriminación previamente trazado, es a partir del análisis de estas conversaciones, donde aparece, por primera vez, referencia a una serie de supuestos contactos con potenciales enviados del presidente ruso Vladimir Putin, a veces referidos como el RUSO», apuntala la defensa de Alay para articular la denuncia. Unas conversaciones que volvieron a aparecer en la carta anónima que ha reabierto la causa. La petición de Boye es que el Enjuiciado Decano reparta la investigación de estos hechos a otro juzgado al sospechar que ha habido «comportamientos delictivos» por parte de todos los implicados.
Una realidad distópica
En esta línea, aportan una serio de documentos con que desgranan la información sustraída de los móviles que habría ido a parar en manos del consorcio periodístico que ha relatado la virtual trama rusa del Proceso. Así, el escrito expone que «una persona accedió a material confidencial y procedió a filtrar una copia completa de los dispositivos electrónicos confiscados a Víctor Tarradellas». Este acceso habría permitido que «terceros poco escrupulosos, ajenos al procedimiento judicial y al marco legal establecido, se dedicaran a divulgar información sobre la realidad del caso».
«Fueron precisamente estas acciones externas las que desencadenaron una serie de acontecimientos reflejados en artículos de prensa, comunicados anónimos y, eventualmente, resoluciones judiciales, configurando una realidad distópica», concluye el escrito. En este contexto, la defensa reclama deducir un testigo de particulares para que se investiguen este hechos de «gravedad». Así mismo, indica que la investigación lo tiene que llevar a cabo otro juzgado.
Un serial de acontecimientos
El escrito, presentado de manera plástica y con aportaciones técnicas que avalan las dudas, cuenta con un cronograma de la evolución de las cosas. En este sentido, destaca que el punto de partida es el mayo de 2018, cuando el teléfono móvil de Víctor Tarradellas fue confiscado en el marco de las diligencias 111/2016 donde se integra el que la defensa califica de «sudoku procesal». En segundo lugar, como los agentes de la Guardia Civil, que extrajeron contenido del dispositivo que posteriormente libraron al juzgado.
Precisamente, en este punto empieza la especulación, y es que una «copia exacta de los datos extraídos del teléfono de Tarradellas fue proporcionada por el Juzgado a terceros no relacionados con el caso en curso». Estos terceros examinaron » el contenido del material volcado». El siguiente paso fue la publicación, a través del consorcio internacional de periodistas, publicó información «confidencial» del móvil vaciado de Tarradellas con la «suya interpretación de los datos».
El juez recibió una carta anónima con recortes de prensa que informaban de estos datos difundidos por el mismo consorcio de periodistas. Con esta información recibida, el juzgado desarrolló » la teoría de la supuesta trama rusa». A partir de aquí, las «decisiones judiciales resultantes de este Juzgado han alimentado la cobertura mediática, y han promovido la creencia en la extraña teoría de la existencia de una supuesta trama rusa relacionada con el caso». Una narración de hechos que ahora la defensa de Alay quiere escatir si se ha perpetrado algún delito.
