El Tribunal Supremo ya prepara la próxima batalla judicial para impedir que los líderes del 1-O condenados por malversación puedan ser amnistiados por el Tribunal Constitucional. La sala de lo penal que dirige Manuel Machena rechazó este lunes todos los recursos al considerar que Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa cometieron malversación con un beneficio personal de carácter patrimonial, un delito no amnistiable según la propia ley. Con esta resolución, el Supremo abría la puerta del Constitucional a los políticos independentistas, pero Marchena tiene a punto el siguiente paso: ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para bloquear, o al menos retrasar al máximo, la aplicación de la amnistía.
En su resolución, el Supremo envía un aviso, sin nombrarlo, al Tribunal Constitucional. La sala de lo penal defiende que el delito de malversación no entra dentro de las casuísticas que especifica la ley de amnistía aprobada en el Congreso. “La conclusión contraria, en caso de haber sido adoptada o si se derivara de una interpretación que estimara que el delito de malversación es amnistiable, nos habría obligado —o nos obligaría en el futuro— a suscitar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Es decir, que el Supremo tiene tan claro que la malversación con beneficio patrimonial no se puede amnistiar que ni se han molestado a pedir la cuestión prejudicial, pero al mismo tiempo avisa que no dudará en pedirla si el Constitucional resuelve que la tiene que aplicar.
La malversación y la corrupción, cuestiones delicadas en Europa
El Supremo incluso avanza la pregunta que enviará a Europa. “Solo entonces sería ineludible preguntar si la extinción de la responsabilidad criminal por causa de amnistía a un delito de malversación que ha procurado una ilegal y formal declaración de independencia de un territorio europeo de la entidad de Cataluña —más allá de su efectiva duración y de la finalidad última perseguida […]— es compatible con una efectiva protección de los intereses financieros de la Unión Europa”. Con esta formulación, el Supremo intenta involucrar la malversación de los líderes del Proceso con los “intereses patrimoniales de la Unión Europea”, una cuestión muy delicada en Bruselas, que tiene como unos de sus objetivos centrales la lucha firme contra la corrupción. Durante la redacción de la ley de amnistía, la Comisión Europea avisó en repetidas ocasiones que miraría el texto con lupa por este tema en concreto.
Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo matiza que haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad sobre la totalidad de la ley “no es incompatible” con presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE. “De aquí que, en su momento y a la vista de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, la Sala decidirá lo que resulte pertinente”. De hecho, el TC tiene que resolver primero la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Supremo, que considera que la ley de amnistía vulnera el derecho de igualdad ante la ley, y después abordará los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP y varias autonomías. También hay que resolver todas las cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por los diferentes juzgados y entonces llegará el turno de los recursos de amparo de los líderes del Proceso. Si cuando los llegue el turno el Supremo decide presentar la cuestión prejudicial, se alargarán todavía más los plazos de aplicación de la amnistía a Junqueras, Turull, Romeva y Balsa.
