La Abogacía del Estado pide prisión para Jové pero no acusa Salvadó

La Abogacía del Estado ha pedido tres años y medio de prisión y siete de inhabilitación para el presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, por su relación en la organización del referéndum del 1 de Octubre de 2017. Tal como ha avanzado eldiario.es y ha podido confirmar la ACN, en cambio, no ha hecho ninguna acusación contra Lluís Salvadó, exsecretario general de Hacienda y actual presidente del Puerto de Barcelona, un cargo que cuelga del Estado (porque, a pesar de estar gestionado conjuntamente por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, quien además puede proponer el nombre del presidente, la titularidad es del Estado). También reclama un año de inhabilitación para la consejera de Cultura, Natàlia Garriga. La petición de la Abogacía del Estado discrepa de la hecha por la Fiscalía, que pidió siete años de prisión y 32 de inhabilitación para Jové y seis años y tres meses de prisión y 27 de inhabilitación para Salvadó. En la acusación contra Garriga es en el único en que coinciden las dos partes.

Malversación y desobediencia grave

La Abogacía del Estado atribuye a Jové un delito de malversación y otro de desobediencia grave, mientras que a la consejera la acusa solo de este último. En su escrito señala el republicano como la persona que ordenó y autorizó los gastos relacionados con la organización de la administración electoral. En concreto, los relacionados con la distribución de las notificaciones del nombramiento de los integrantes de las mesas electorales del referéndum y de las tarjetas censales a través de la empresa Unipost, con cargo al Departamento de la Vicepresidencia y Economía, con un importe de 193.899.,93 euros.

La Abogacía también acusa Jové de ser responsable de la tramitación para la autorización de la transferencia del Fondo de Contingencia, por un importe de 3.430.000 euros, instada por el Departamento de Presidencia, “cooperando de forma imprescindible en la ordenación de los gastos de publicidad institucional del referéndum”. En el escrito no hace ninguna mención a Salvadó, a pesar de que era una persona del núcleo de la consejería de Economía que en aquel momento encabezaba el líder republicano Oriol Junqueras. De hecho, Jové, que entonces era secretario general del Departamento de Economía, tenía Salvadó a cargo suyo como secretario de Hacienda.

El órgano estatal pide para el dirigente republicano tres años y medio de prisión y cinco de inhabilitación por el delito de malversación y dos años más de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por el de desobediencia. La Abogacía también insta a deducir testigo al Tribunal de Cuentas para “el establecimiento y reclamación definitiva de las cantidades desviadas”.

A la consejera de Cultura, acusa del delito de desobediencia grave, le pide un año de inhabilitación y una multa de 30.000 euros.