Las elecciones estatales del 23 de julio tienen otra consecuencia directa, ya antes de celebrarse, sobre la acción del Estado contra el Proceso. En concreto, sobre la desclasificación de los documentos confidenciales del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ordenada por los juzgados de Instrucción número 20 y el número 24 de Barcelona con relación al Catalangate y al uso del programa espía Pegasus. Los juzgados, siguiendo las órdenes de la Audiencia de Barcelona, ordenaron la desclasificación del espionaje a los teléfonos móviles del presidente del grupo de ERC en el Parlamento, Josep Maria Jové, y de la eurodiputada republicana Diana Riba, así como al abogado Andreu Van den Eynde.
Ahora bien, la petición no fue general y prospectiva, los jueces instructores limitaron la información desclasificada en momentos concretos, no durante toda la duración de la intromisión en sus teléfonos móviles. Es decir, si los informes de Citizen Lab enumeraban unos días concretos de la infección, solo aquel día y por unas horas. La intención es acotar mucho la instrucción y los datos que se pueden incluir. A pesar de que la orden es del pasado mes de junio, el Consejo de Ministros, que es quienes tiene la competencia según la Ley de Secretos Oficiales, no ha comunicado la desclasificación. De aquí que fuentes del caso comenten el temor que se dilate todavía más la investigación. Una sospecha que se incrementa a raíz del archivo la semana pasada de la causa de Pegasus a la Audiencia Nacional –en este caso, por el espionaje al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y algunos ministros– por parte del juez José Luis Calama, con la excusa del rechazo a colaborar de Israel.
«Una constatación más del escaso interés»
Por su parte, fuentes de la dirección de ERC recuerdan que su «prioridad es que se desclasifiquen los documentos cuanto antes mejor, porque ya hace semanas que el Consejo de Ministros lo tiene sobre la mesa». Pero la disputa electoral, con una cuestión tan sensible como es el espionaje con Pegasus al independentismo, hace que la Moncloa «arrastre los pies» y «haga lo orne». «Se ha constatado que el Estado nunca ha tenido voluntad de investigar el Catalangate», aseguran desde la formación de Jové y Orilla.
De hecho, la carencia de voluntad del Estado ya se hizo notar en el Parlamento Europeo, cuando un «frente de PSOE, PP, Vox y Ciutadans hizo el posible para aguar el informe de la Comisión Pegasus«. La intención de las defensas del diputado, del eurodiputado y del abogado es insistir hasta «llegar al fondo del asunto». De aquí que no descarten, pasado un tiempo prudencial y las elecciones, registrar un escrito de impulso procesal reclamando esta desclasificación que ahora parece dormir el sueño de los justos en un cajón de la Moncloa.
