Los partidos soberanistas presionan el gobierno español para abrir «una nueva fase» a la legislatura. Los grupos de EH Bildu y Junts en el Congreso de los Diputados cuestionarán Pedro Sánchez en la próxima sesión de control al ejecutivo, prevista -cómo es usual- para el miércoles, sobre los cambios que prevé en la estrategia de la legislatura a raíz de los resultados del último ciclo electoral, con los comicios gallegos, vascos, catalanes y europeos. La portavoz de la izquierda abertzale, Mertxe Aizpurua, consultará al secretario general socialista si «se abre una nueva fase de la legislatura»; atendido el terremoto en las urnas y los compromisos de regeneración democrática de Sánchez después de la denuncia a su mujer, Begoña Gómez, por posible tráfico de influencias.
También desde Cataluña explorarán con Sánchez la situación en que queda el ejecutivo de coalición después de las cuatro citas con las urnas. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, habría registrado una pregunta en el jefe del ejecutivo para pedir un «análisis global» de la situación política española a raíz de la bajada de los partidos de la mayoría de investidura, la debilidad de sus socios de gobierno o el alza de la extrema derecha. Precisamente desde la bancada conservadora, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, reclamará una «verdadera regeneración» en su frente a frente en tribuna parlamentaria. El choque entre Feijóo y Sánchez se prevé especialmente agrio, atendido el ultimátum que desde Moncloa se ha lanzado a los populares para desatascar la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Calidad democrática
El paso a la ofensiva de aliados y rivales de Sánchez llega, además, solo un día después de la presentación del aguado paquete de medidas de regeneración democrática que el jefe del ejecutivo prometió después del fin de semana largo en que se apartó del foco público a raíz de la denuncia a su mujer. Entre las medidas propuestas, busca la transparencia en la propiedad y la financiación de los medios de comunicación, obligar las administraciones a rendir cuentas a la ciudadanía en materia presupuestaria y normativa o acabar con los «atropellos en el ámbito judicial», todavía dominado por magistrados conservadores.
