«Deja que los tecnooligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos«. Esta ha sido la réplica que ha dado Pedro Sánchez ante las críticas de gigantes tecnológicos como Telegram y X tras el anuncio de medidas para regular plataformas de este tipo para menores de dieciséis años. El presidente del gobierno español ha parafraseado esta cita de El Quijote para responder a las acusaciones que este martes hizo Elon Musk, propietario de X, y este miércoles ha expresado Pavel Durov, propietario de Telegram, donde se le acusaba de querer coartar la libertad de expresión, además de tacharlo de «sucio», «tirano» y «traidor al pueblo de España».

También se ha pronunciado sobre los ataques de Musk y Durov la vicepresidenta Yolanda Díaz, que en una publicación en la red social Bluesky ha lamentado que miles de usuarios de Telegram hayan recibido esta misma tarde un «mensaje no autorizado» de Durov, diciendo que el gobierno «amenaza las libertades». «No nos tumbarán. Romperemos los monopolios digitales y devolveremos la tecnología a la gente trabajadora. El poder es de la gente, no de ellos», ha dicho. Aparte de estos pronunciamientos, desde la Moncloa acusan a Durov de haber utilizado el «control sin restricciones» que tiene de esta red social para «enviar un mensaje masivo a todos los usuarios de España en el que vierte diversas mentiras y ataques ilegítimos» contra el ejecutivo.

El ejecutivo español considera que el mensaje que todos los usuarios del Estado registrados en Telegram han recibido esta tarde «demuestra por sí mismo la necesidad urgente de regular las redes sociales y las aplicaciones de mensajería móvil». «Los españoles no podemos vivir en un mundo en el que tecnooligarcas extranjeros puedan inundar nuestros teléfonos de propaganda a su antojo porque el gobierno ha anunciado medidas para proteger a los menores y hacerles cumplir la ley», han indicado.

Afirmaciones desmentidas punto por punto

En un comunicado difundido a los medios, la Moncloa desmiente que la prohibición de acceso a las redes a menores de 16 años «establezca un precedente para rastrear la identidad de cada usuario, erosionando el anonimato y abriendo puertas a la recopilación masiva de datos». También niega que obligar a los directivos de las redes a retirar contenidos implique eliminar información controvertida. En este sentido, recuerda que el reglamento de servicios digitales de la UE «ya obliga a las redes sociales a impedir la difusión de contenidos ilícitos».

«Ningún tribunal europeo ha considerado que esto vulnere la libertad de expresión», añade el ejecutivo español. En este sentido, también desmienten que la creación del delito de amplificación algorítmica conlleve que los gobiernos dicten los contenidos o que la creación de la huella del odio y la polarización pueda ser una herramienta para suprimir la oposición.

Comparte

Icona de pantalla completa