La Generalitat y el gobierno español han constituido los siete grupos de trabajo técnico que tienen que concretar el traspaso de Rodalies pactado entre ERC y el PSOE a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. A diferencia de la mesa diálogo, que ha sido pospuesta hasta después de las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio, el traspaso de Rodalies sigue su camino y los dos ejecutivos se han dado dos meses para definir el calendario del proceso.
Uno de los principales focos de la negociación es la gestión de las plantillas de Adif y Renfe, que se tendrán que subrogar a la empresa mixta, puesto que los sindicados están en pie de guerra por la posible pérdida de derechos de los trabajadores. De hecho, el primer grupo de trabajo que se ha constituido es el del ámbito laboral y sindical, en el cual han participado representantes de los dos gobiernos, de los operadores ferroviarios y de los sindicatos con representación a los comités de empresa de las dos compañías públicas.
Grupos de trabajo coordinados
Según ha explicado el gobierno español, cada grupo estará coordinado de manera conjunta por representantes del Ministerio de Transportes y de la Generalitat. En el caso del grupo laboral, el Ministerio asegura que se “materializa la participación de los representantes de los trabajadores de las empresas públicas en las diversas etapas del proceso” con el objetivo de “reforzar la participación de los trabajadores de las empresas Renfe y Adif para garantizar que los aspectos laborales se abordan de la manera conveniente”.
El resto de grupos de trabajo estarán formados por representantes de los departamentos de Territorio, Presidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat, de los ministerios de Transportes, Política Territorial y Hacienda, de Renfe y Adif, de los comités de empresa, de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, así como de ATM y Ifercat.
La nueva empresa, el traspaso de las vías y los nuevos servicios, prioritarios
También se ha constituido el grupo bisiesto de la operadora, que se encargará de definir la constitución de la nueva empresa mercantil Cercanías de Cataluña, que gestionarán a partes iguales la Generalitat y el gobierno español. La nueva compañía, en la cual el Gobierno podrá decidir las pequeñas cosas del día a día, pero tendrá que consensuar las cuestiones estratégicas, se tiene que dotar de los recursos que hoy tiene Renfe para prestar el servicio de Cercanías. Otros grupos importantes son el de servicios ferroviarios, que analizará posibles mejoras en los servicios actuales y como se podrán aterrizar en cuestión de plazos y gastos; o el bisiesto de infraestructuras, que se encargará de identificar los tramos de vía que solo usan servicios de titularidad exclusiva de la Generalitat y establecerá los mecanismos de coordinación para explotar de manera eficiente la doble red ferroviaria que habrá cuando se concrete el traspaso.
