Una de las grandes polémicas del gobierno de Salvador Illa ha sido el desbarajuste del Departamento de Interior, en manos de la consejera Núria Parlon y del director de la Policía Josep Lluís Trapero, respecto a la competencia policial en puertos y aeropuertos. El fiasco de la Junta de Seguridad del pasado 5 de diciembre, con la retirada de la agenda del pacto para que los Mossos también fueran policía integral dentro de los recintos de los puertos y aeropuertos, añadida a la entrada del CNP y la Guardia Civil al 112, cayó como un jarro de agua fría en buena parte del cuerpo. Principalmente, en los responsables de la anterior jefatura, con Eduard Sallent al frente, la del mandato de Joan Ignasi Elena como consejero de Interior, que había apostado por abrir nuevos espacios para el cuerpo.
La renuncia inesperada del dúo Parlon-Trapero abrió la caja de los truenos y puso el foco sobre el pacto discreto que se había hecho aprovechando la Copa América. Una brecha del acuerdo de plan de seguridad de la competición que aclaraba las funciones de la policía marítima de los Mossos, y fue criticada sin complejos por Trapero y los mandos más afines a él y, sobre todo, por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Aquel acuerdo, al que ha tenido acceso El Món, fue firmado el 16 de julio de 2024 por José Antonio Rodríguez, director general de coordinación y estudios del Ministerio del Interior, y Pere Ferrer, entonces aún director general de la Policía, un cargo del que sería relevado un mes y diez días después, cuando el gobierno de Illa nombró a Trapero en su lugar.
Los Mossos avanzan hacia el aeropuerto como una mancha de aceite
El texto delimitaba y repartía las funciones que eran la base del acuerdo de la Junta de Seguridad. Pero no solo había un acuerdo. Los Mossos ya se estaban desplegando de facto en el aeropuerto del Prat y en el Área Básica Policial de la población, el Prat de Llobregat. Lo demuestran los datos que el mismo Departamento de Interior ha hecho llegar al portavoz del PP de Interior en el Parlamento, el veterano Alberto Villagrasa. Unas cifras a las que ha tenido acceso El Món y que concretan el incremento de los efectivos policiales que se ha producido en un año para afrontar una virtual nueva etapa de competencias de la policía de la Generalitat.
Todo ello, siguiendo los criterios que el gobierno español aplicó con el País Vasco y que reflejó el Ministerio del Interior en un documento de octubre de 2024 en el Congreso de Diputados. Finalmente, después del retroceso de diciembre, la próxima Junta de Seguridad, que se ha de celebrar en otoño, debe oficializar este traspaso, coherente con el pacto de Junts con el PSOE sobre la inmigración, que requerirá la ampliación de competencias de los Mossos.
Un 42,4% más de efectivos en un año
Según los datos aportados por Parlon, tanto en la ABP del Prat de Llobregat como en el Área Regional de Seguridad Aeroportuaria (ARSA), que son los servicios policiales de los Mossos que dan servicio al aeropuerto, se ha incrementado la plantilla en 98 efectivos entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. En concreto, la comisaría del Prat ha pasado de 107 efectivos a 134 y la comisaría del aeropuerto, de 124 a 195. De un total de 231 efectivos, en un año se pasó a 329, un 42,4% más. Un crecimiento absolutamente extraordinario que se explicaba solo por el objetivo de tomar el control del aeropuerto.
El incremento fue especialmente de agentes, pero también hubo de cabos, sargentos y subinspectores. En concreto, la ABP del Llobregat, al cierre de 2023 tenía 85 agentes y a finales de 2024, 110. De cabos, pasaron de 12 a 14; de sargentos de 7 a 8; mantuvieron los dos subinspectores y se quedó sin el inspector que tenían. En cuanto a la comisaría del aeropuerto, la diferencia en un año ha sido de 107 a 174 agentes, de 4 a 7 sargentos, de 2 a 3 inspectores y se han mantenido el número de cabos (10) y de inspectores (1). A todo esto, se debe añadir, que en agosto se incorporarán aún 25 efectivos más a la ARSA y 20 más a la ABP, coincidiendo con la finalización del curso de la nueva promoción policial.
Como una comisaría
El informe de Parlon deja claro que el ARSA presenta «una estructura organizativa similar a la de un área básica policial». Es decir, como una comisaría. Actualmente, al frente del área hay un subinspector que ejerce las funciones de jefe y un subinspector que asume las tareas de subjefe. El área se compone de dos grandes unidades. Por un lado, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) y, por otro, la Unidad de Investigación (UI).
La USC es dirigida por un subinspector como jefe de unidad y cuenta con un sargento al frente de la Oficina de Atención al Ciudadano. La plantilla total de la USC incluye 178 miembros, distribuidos entre agentes, cabos y sargentos. Por otro lado, la UI está liderada por un sargento como jefe de unidad y cuenta con un total de 10 efectivos, entre cabos y agentes.
Además, servicios especiales
Además, Interior recuerda que el aeropuerto es «una infraestructura susceptible de especial protección antiterrorista». Por tanto, se debe añadir a estas cifras servicios de unidades especializadas como el Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) o la Brigada Móvil (Brimo). Dos unidades especiales de orden público que, en este caso, además de efectuar su servicio ordinario, disponen de una partida de horas extraordinarias para garantizar su presencia en aquellos espacios que lo requieren.
También cuenta con otros servicios especializados, como la Unidad Canina, el TEDAX y Tráfico. El número de horas extraordinarias que se dedicaron a reforzar el aeropuerto del Prat durante los meses de verano fue de un total de 144 horas dentro del plan Ònix, que controla «la llegada masiva de turistas», 1.400 horas dentro del plan Hèlios -plan especial de verano- y 8.000 horas dentro del Plan Operativo Específico Antiterrorista POE-A, a razón de 2.000 horas mensuales desde junio hasta octubre de 2024, según los últimos datos.
Coordinación, sometida al Plan Nacional de Seguridad
El documento de Parlon también hace referencia a la coordinación entre Mossos, el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y la Guardia Civil en las tareas de seguridad en el aeropuerto. Para curarse en salud, recuerda que hay una instrucción estatal, bautizada como SA-1 del Programa Nacional de Seguridad, que obliga a tener un Comité Local de Seguridad. No es más que un organismo de coordinación entre fuerzas y cuerpos de seguridad y el gestor aeroportuario, que preside la directora del aeropuerto y tiene como secretario al responsable de la División de Seguridad Aeroportuaria del aeropuerto y como vocales permanentes los responsables de los tres cuerpos policiales que trabajan allí.
De hecho, el informe de Interior admite que los Mossos consideran el aeropuerto como una «infraestructura esencial» de donde «extraen información» con diversas unidades. Una tarea, pero que aún «se inicia o finaliza en zonas de competencia de la Guardia Civil o que pasa por el control de extranjería del CNP, donde los diferentes cuerpos policiales, en coordinación y colaboración con el CME, participan de manera sistemática».
En este sentido, Parlon remarca que en un año se han llevado a cabo tres dispositivos conjuntos con el CNP donde los Mossos han sido los «responsables y titulares de la seguridad pública». En todo caso, Interior asegura que se han normalizado los «equipos conjuntos de Mossos, CNP y Guardia Civil» para la persecución de delitos habituales en una infraestructura como el aeropuerto: delitos relacionados con el patrimonio, delitos socioeconómicos, salud pública, tráfico de seres humanos, blanqueo de capitales, así como otros delitos conexos o desarticulación de organizaciones criminales.
Modelo vasco
Curiosamente, la Moncloa, menos de dos meses antes de la Junta de Seguridad donde Parlon y Trapero se echaron atrás con las competencias en puertos y aeropuertos, justificaba el traspaso de competencias a la Ertzaintza en una respuesta por escrito del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al portavoz del PP de Interior en el Congreso. De entrada, Marlaska negaba que este traspaso de competencias fuera una “cesión de competencias”. La operación se ajustaba al marco no solo del Estatuto vasco sino también a las competencias contempladas en el Estatuto de Cataluña.
En el caso concreto de la Ertzaintza, Marlaska, en el documento, al que ha tenido acceso El Món, insistía en que la transferencia se había hecho en virtud del artículo 17 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Un artículo que determina que «corresponde a la Ertzaintza, como policía integral, la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público dentro del territorio autónomo». Eso sí, «sin perjuicio de los servicios policiales supracomunitarios o extracomunitarios que mantienen el CNP o la Guardia Civil».
Todo ello dirigido a través de una Junta de Seguridad formada, en número igual, por representantes del Estado y de la comunidad autónoma. Así, recordaba que el traspaso de «el ejercicio de las funciones que corresponde a cada cuerpo policial» en los puertos y aeropuertos se acordó en una Junta de Seguridad celebrada en Madrid, el 24 de julio, presidida por Marlaska y por el consejero de Interior vasco, Bingen Zupiria. La respuesta de Marlaska dejaba claro que el acuerdo no suponía reducir las plantillas del CNP y la Guardia Civil en sus destacamentos en los aeropuertos y puertos y que el traspaso se hacía para «garantizar una mayor eficacia y eficiencia en el uso de las capacidades operativas disponibles y concurrentes con cada cuerpo». Igual que el acuerdo que inspiró el pacto de la Copa América que servía para abrir el camino a que los Mossos fueran la policía integral de Cataluña también en los aeropuertos y en los puertos.
