Golpe de efecto en el caso del hasta hace solo unos días fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Los Comunes se han querellado este jueves contra el magistrado Andrés Martínez Arrieta, presidente de la sala Penal del Tribunal Supremo, por «revelación de secretos». En concreto, la demanda ha sido presentada por el eurodiputado de la formación Jaume Asens, que basa la acción judicial en unos hechos que tuvieron lugar el pasado 18 de noviembre, cuando el juez, en pleno período de deliberaciones sobre la sentencia del entonces fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, intervino como ponente en un curso organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), entidad que ejercía la acusación popular en esa misma causa.
Según explica el partido en un comunicado, Martínez Arrieta concluyó una intervención en este curso con la frase: «Termino porque tengo que redactar la sentencia del fiscal general del Estado«. Esta afirmación «pronunciada en tono jocoso y seguida de risas del público», constituye una «revelación explícita de información reservada» sobre «el estado interno de las deliberaciones, el cambio de ponente respecto de la magistrada designada inicialmente, la existencia de una mayoría formada y la orientación de la sentencia», señala el eurodiputado.
En la misma línea, los Comunes consideran que la «participación simultánea» de tres magistrados del Supremo en el acto organizado por una de las partes acusadoras «compromete gravemente la apariencia de imparcialidad» del órgano judicial, «en contra de la doctrina reiterada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que exige no solo la imparcialidad real, sino también la apariencia de imparcialidad».
Defender el interés público tras la inhabilitación
A su vez, Asens ha afirmado que la querella tiene el objetivo de defender «el interés público» y «el principio de igualdad ante la ley», y que casos como este «no deben quedar sin control judicial cuando afectan el corazón mismo del sistema democrático: la independencia y la neutralidad de los tribunales». Cabe recordar que este movimiento del partido tiene lugar tras hacerse pública la condena precisamente del Supremo contra García Ortiz por un delito de revelación de secretos. Con este veredicto, el alto tribunal lo inhabilitaba para el cargo de fiscal general durante dos años por la filtración de información privada del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
