El PSC, ERC y Junts han optado para lavarse las manos sobre la polémica gestión de las residencias de gente mayor durante la pandemia de la Covid-19. Los tres partidos han votado a favor de un informe del Parlamento que constata la “falta” de recursos y coordinación entre las residencias y el sistema sanitario, pero evita depurar responsabilidades políticas por “el acceso desigual” a los hospitales de la gente mayor que tuvo complicaciones por el coronavirus. En Comú Podem, la CUP, Cs, el PP y la CUP han votado contra el informe y se han mostrado muy críticos con el documento. Junts y ERC gobernaban juntos en la Generalitat durante la pandemia, mientras que el primer secretario del PSC, Salvador Illa, era ministro de Sanidad.
El grupo de trabajo reconoce que se cometieron muchos “errores” en la gestión de las residencias, pero atribuye “muchos” a la “falta de información científica” y al hecho de “no disponer de estructuras preparadas y protocolos claros” para afrontar una pandemia. Entre marzo y el abril del año 2020, unas 4.000 personas que vivían en residencias murieron por Covid-19 o por síntomas compatibles y el 71% lo hicieron en el geriátrico.
La coordinadora Familiares de Residencias 5+1 ha tildado de “burla” a las familias y a las personas que murieron en las residencias que el informe del Parlamento no responsabilice a los gobiernos y las administraciones de los graves errores de gestión durante la pandemia. Los comunes y la CUP han hecho una rueda de prensa conjunta para denunciar que las conclusiones del informe “no depuran responsabilidades” y lamentan que tampoco hay justicia ni reparación para las víctimas. «El Parlament no ha estado a la altura», ha lamentado la diputada cupaire Laia Estrada.
Un «día de vergüenza», según la CUP y los comunes
«Continuaremos luchando a pesar de que hoy es un día de vergüenza. La política no ha hecho el trabajo que tenía que hacer”, ha añadido la diputada de los comunes Jéssica González. Las diputadas han denunciado la “falta de coordinación” entre los departamentos de Salud y Trabajos, Asuntos Sociales y Familias, ambos controlados por ERC, y han criticado que no se haya hecho una auditoría independiente. También han calificado de “tomadura de pelo” las conclusiones del informe.
La Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), la patronal del sector, ha hecho una lectura muy diferente y ha valorado el informe como una oportunidad para abordar la falta de financiación y mejorar la coordinación entre los centros privados y la red sanitaria pública. «Llegarán nuevas pandemias y no se tiene que repetir la misma historia, no nos lo podemos permitir», ha afirmado la presidenta de ACRA, Cinta Pascual. La patronal apuesta para “mirar adelante”.
