El modelo de financiación de Cataluña continúa ganando posiciones como principal tema de la precampaña catalana. Si ayer era el presidente de la Generalitat y candidato de ERC, Pere Aragonès, quien viajaba a Madrid para reclamar una negociación bilateral sobre este tema, hoy ha sido el PSC quien ha pedido incluir el resto de autonomías en la negociación. La nueva portavoz socialista, Nuria Parlon, defiende que su propuesta «pasa necesariamente porque este sea un debate multilateral» y ha criticado que los últimos gobiernos catalanes, ahora en manos de ERC y antes en manos de Junts, hayan abandonado, dice, la lucha de la financiación.
Los socialistas también han recordado que su modelo pasa por la solidaridad entre territorios del Estado. «El principio de solidaridad no puede quedar al margen de cualquier mejora de financiación porque, al fin y al cabo, no es Cataluña la paga impuestos, sino cada catalán y cada español y, por lo tanto, es un principio muy importante», ha declarado Parlon.
El PSC responde a la propuesta Aragonés
Con estas declaraciones, el PSC responde por Pedro Sánchez. En su viaje en Madrid, Aragonés exigió a su homólogo español negociar de tú a tú su propuesta de financiación, basada en el concierto económico vasco, si quiere mantener el apoyo de ERC en el Congreso. El Gobierno insistía este martes que renegociar el modelo de financiación catalana es una promesa de Sánchez y, a pesar de las dudas de los socialistas, se mostraba confiado. Laura Vilagrà, por ejemplo, vicepresidenta de la Generalitat, recordaba que el PSOE «primero dice siempre que no» y después acaba negociando, como pasó con los indultos y la amnistía.
Sobre este aspecto, Parlon ha apuntado que la propuesta de la Generalitat es la de un gobierno en minoría y en clave electoral. La socialista ha insistido en una financiación «solidaria, justo y, sobre todo, transparente» para conseguir «mejorar la prestación de servicios públicos en Cataluña, pero sin salirnos en ningún momento del marco constitucional y estatutario». Aragonés defiende la constitucionalidad de su propuesta argumentando que, a pesar de que la intención del ejecutivo catalán es recaudar todos los impuestos, la medida también contaría con un porcentaje de retorno en el Estado.
