Más de 150 asociados de Junts per Catalunya de varias comarcas de Cataluña han pedido a la Comisión de Garantías del partido que se abra un expediente disciplinario a Magda Oranich, presidenta de este órgano del partido, por incumplir el código ético de la formación por las declaraciones que ha hecho «reiteradamente» contra la presidenta del partido, Laura Borràs. A la vez, también reclaman su cese por no haber respetado «la imparcialidad, discreción y objetividad» que corresponde a su cargo.
La petición, a la cual ha tenido acceso El Món, se registró el pasado 18 de septiembre después de que Oranich rechazara a finales del mes de agosto que la hipotética ley de amnistía que se pudiera pactar con el gobierno español incluyera el caso de Laura Borràs, condenada por irregularidades al frente de la Institución de las Letras Catalanas. La abogada, en declaraciones a Catalunya Ràdio, consideró que era «una barbaridad» porque se trata de una condena por un «delito común» que «no tiene nada que ver con el 1-O».
Uno de los ocho impulsores del escrito contra Magda Oranich, que después han firmado 150 personas más, explica a este diario que recogieron «más de cien firmas en dos semanas», y lamenta que desde que presentaron la petición a mediados de septiembre no les han dicho «nada». «Nos tememos que, como el órgano lo preside Oranich, hayan desestimado el escrito y lo hayan metido en un cajón«. El partido ha declinado hacer declaraciones sobre el asunto, pero fuentes no oficiales confirman a El Món las sospechas de los impulsos y afirman que la misma abogada, como presidenta del órgano que ha recibido el escrito, ha «archivado» la petición y lo ha «guardado en un cajón».
Militantes de comarcas como el Maresme, el Vallès Occidental, el Alt Penedès, el Barcelonès, el Baix Ebre y el Baix Camp, entre otros, consideran que las declaraciones de Magda Oranich que critican son una «infracción flagrante» del código ético del partido así como de su estatus. Los afiliados consideran que con sus declaraciones «no cumplió con su responsabilidad» y consideran que ha vulnerado el artículo 10 de los estatutos «incurriendo en una falta muy grave» porque «no ha mantenido la discreción» y ha hecho pública «una opinión personal que contraviene la posición oficial» de Junts.
También manifiestan que la abogada «no ha gestionado de manera responsable y discreta la información de la cual dispone y ha puesto de este modo en entredicho la credibilidad de la dirección del partido» y, además, «ha creado un conflicto interno». Además, consideran que esto ha provocado «una pérdida de credibilidad» del partido de cara «a los afiliados o a la ciudadanía».
Malestar del sector próximo a Borràs
Las declaraciones de Oranich ya provocaron malestar público al sector más próximo a Borràs. Diputados como por ejemplo Aurora Madaula, Cristina Casol y Francesc de Dalmases cargaron contra la presidenta del Comité de Garantías a través de las redes sociales. Dalmases atribuyó las palabras a «voces amargadas, sucias, antiguas, carcomidas y que dividen». «Con estas nunca haremos efectivo el mandato del Primero de Octubre», sentenció.
La secretaria segunda del Parlamento, Aurora Madaula, por su parte, dijo: «Si habla como jurista, yo lo haré como historiadora: No puedes vivir del pasado. El presente marca lo que dirá de ti el futuro». La diputada juntaire Cristina Casol también ha usado la misma fórmula que Madaula. «Si habla como jurista, yo lo haré como arquitecta: construir siempre y no destruir continuamente por aversiones personales», ha sentenciado.
