Junts per Catalunya quiere endurecer las condiciones de empadronamiento y propone que los ocupas no puedan inscribirse en el padrón municipal como habitantes de las viviendas donde residen, según ha adelantado El Periódico y han confirmado fuentes del partido a El Món. La formación de Carles Puigdemont también quiere poner fin al empadronamiento en los equipamientos municipales o en el espacio público y propone que sea la Generalitat, y no los ayuntamientos, quien asuma la gestión de los servicios sociales que dan cobertura a la población vulnerable y lleve un registro de un “padrón social”. La propuesta se votará este fin de semana en la convención municipalista que se celebra en Vic (Osona) y a la que está previsto que asistan unos 300 alcaldes, concejales y cargos municipales. Si sale adelante, Junts tendrá que llevar al Congreso una iniciativa para modificar la ley española 7/1985, que regula el régimen local, y el decreto 1960/1986, que concreta el padrón municipal.
En el documento de trabajo que se discutirá en Vic, al cual ha tenido acceso El Món, Junts reitera que se opone “firmemente” al empadronamiento en viviendas ocupadas porque se trata de un “delito” y reclama “acompañar” a los menores que estén en especial situación de vulnerabilidad. “Desde Junts no podemos aceptar que de un acto ilegal, como la ocupación de inmuebles, se pueda derivar la condición de ciudadanía municipal a través del padrón”, dice el texto. La formación reclama “unificar los criterios” para facilitar el trabajo a los ayuntamientos y dotarlos de seguridad jurídica, así como para evitar que haya un “efecto llamada” hacia municipios donde la legislación sea más laxa. Por eso quieren que se exija un “título habilitante y blindar la verificación de la residencia” y que se fijen claramente las “excepciones” para situaciones de vulnerabilidad “debidamente acreditadas por los servicios sociales”.
Para ejemplificar la “problemática” que supone el padrón para muchos municipios, desde Junts ponen el caso precisamente de Vic, donde cada año se producen 5.000 movimientos del padrón, de los cuales unos 3.000 son nuevas altas, y de Figueres (Alt Empordà), donde el año pasado se dio de baja a 804 personas por “casos de fraude”. Se trata de dos poblaciones con alcaldes de Junts y que viven de cerca el fenómeno migratorio y todos los retos asociados al cambio demográfico que supone porque tienen aproximadamente un tercio de la población de origen extranjero.
La batalla con Aliança Catalana está servida
El encuentro está pensado para empezar a preparar la estrategia electoral para las municipales de 2027, que estrenarán el nuevo ciclo electoral del postproceso y servirán para calibrar por primera vez la penetración de Aliança Catalana tras cuatro años de exposición mediática desde el estrado del Parlamento y desde el salón de plenos del Ayuntamiento de Ripoll. El partido de extrema derecha, que hace frontera electoral con Junts, puede arrebatarle un buen número de votos en muchas ciudades, tal como avisaba el Centro de Estudios de Opinión (CEO) hace unas semanas.
En su último barómetro se apunta a una posible fuga de votos hacia el partido de Sílvia Orriols y de ahí la insistencia de Junts de tomar las riendas del discurso migratorio con un acuerdo propio para lograr el traspaso de las competencias de inmigración y ahora un endurecimiento de las condiciones para empadronar ocupas, muchos de los cuales son personas migrantes en situación administrativa irregular. Desde la formación de Carles Puigdemont también se han desmarcado del discurso de odio del partido de extrema. “Incitar al odio significa romper la convivencia, y lo peor que puede hacer una fuerza política es avivar todo lo que puede romper la convivencia”, defendía hace unas semanas el secretario general de Junts, Jordi Turull, en plena polémica por el fracaso de la moción de censura a Orriol. “No nos sentimos cercanos al discurso de Aliança Catalana, nosotros defendemos que Cataluña es un solo pueblo que, además, necesita inmigración. Su propuesta no tiene nada que ver con la nuestra”.
