La portavoz del grupo de Junts per Catalunya en el Parlamento, Mònica Sales, ha cargado con dureza contra la actitud “sucursalista” del gobierno de ERC por haber vuelto a pactar los presupuestos de la Generalitat con el PSC. Con un ademán muy serio durante toda la comparecencia, Sales ha asegurado que el anuncio del acuerdo no les ha sorprendido, puesto que mientras el gobierno catalán ha mantenido hasta 15 reuniones con el PSC, solo ha hecho tres con Junts, una de las cuales duró menos de media hora. “La voluntad de ERC de aprobar los presupuestos con el PSC es más que evidente”, ha insistido Sales.
La diputada juntaire también ha criticado el interés de ERC en vincular las negociaciones de los presupuestos de Cataluña con las de los presupuestos del estado y del Ayuntamiento de Barcelona. Sales ha lamentado que finalmente se haya producido un “intercambio de cromos”. De hecho, ha señalado que el cambio de postura de ERC en el consistorio barcelonés —donde todo indica que no solo aprobará los presupuestos de Jaume Collboni, sino que entrará en el gobierno municipal— era “la antesala” del pacto que se ha hecho público este martes y que, entre otras cuestiones, incluye 1.000 millones adicionales para luchar contra la sequía, destina el 25% del presupuesto de Salud a la atención primaria y eleva hasta casi 7.500 millones de euros el presupuesto para Educación.
Críticas contra el PSC, el «cómplice necesario»
Sales tampoco ha escatimado reproches contra el PSC, a quien ha acusado de ser el “cómplice necesario” de los republicanos. Con estos presupuestos, ERC podrá agotar la legislatura, que en teoría se acabará en febrero de 2025. “El PSC reafirma su papel de corresponsable del desgobierno de ERC”, ha espetado. Respecto a un posible acuerdo con Junts, la portavoz ha asegurado que las condiciones del partido están en el documento de 100 propuestas que entregaron al gobierno catalán y del cual todavía no han recibido un “retorno completo”. Una de las medidas estrella, la supresión del impuesto de sucesiones, ya ha sido descartada por la Generalitat.
