La Junta Electoral Central (JEC) se reúne este jueves para abordar la retirada del escaño de la presidenta de Junts y presidenta suspendida del Parlamento, Laura Borràs, después de la condena a cuatro años y medio de prisión y a 13 años de inhabilitación por el fraccionamiento de contratos cuando estaba al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). El ente examinará los escritos presentados por PPC, Cs y Vox para que le retire el acta de diputada aunque la sentencia no sea firme, igual que pasó con el expresidente Quim Torra y el exdiputado de la CUP Pau Juvillà.
Fuentes del órgano han explicado a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) que también tiene sobre la mesa la posibilidad de traspasar el caso a la Junta Provincial Electoral, que ya está constituida de cara a las elecciones del 28-M. Si finalmente la JEC opta para asumir el recurso de los partidos unionistas, lo más probable es que siga la línea de los pronunciamientos anteriores y considere que la sentencia del TSJC por prevaricación y falsedad documental es motivo suficiente para dictar su inelegibilidad sobrevenida, tal como establece el artículo 6.2 b) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
Los precedentes de Torra y Juvillà, un mal augurio para Borràs
El artículo en cuestión, que ya se utilizó para retirar el escaño a Torra y Juvillà, establece que «son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para puesto de trabajo o cargo público». En el caso de Borràs, la inhabilitación por 13 años afecta a cualquier cargo público electo o de funciones de gobierno o administración.
Una vez tomada la decisión de retirarle el escaño, la JEC la trasladará a la Mesa del Parlamento, que tendrá que hacerla efectiva. Posteriormente, el grupo parlamentario de Junts tendrá que decidir cómo sustituye a la presidenta suspendida de la cámara. Una opción sería hacer correr la lista y que el siguiente nombre pase a ocupar su escaño y la otra sería dejarlo vacante a modo de protesta. Si, en cambio, la Junta Electoral Central opta para enviar el caso a la Junta Provincial, los tiempos de decisión se alargarían y cualquier decisión se podría recurrir a la misma JEC.
