La proposición de ley orgánica de amnistía (técnicamente, proposición de la ley orgánica de la amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña), comenzará oficialmente el curso parlamentario del 2024 en el Congreso de Diputados. De hecho, todo el mundo espera que continúe cómo la gran protagonista del escenario político y mediático. En principio, la Mesa que preside la socialista mallorquina Francina Armengol dictaminó el 19 de diciembre que el plazo para el registro de enmiendas acababa el día 3 de enero. Pero el PSOE maniobró y, aprovechando la mayoría de la Mesa de la cámara baja española, solicitó el pasado 26 de diciembre una ampliación del plazo solo para el articulado de la ley. Así, el plazo se alarga, si no hay ninguna más prórroga, hasta el próximo 16 de enero.
Ahora bien, el día 3 sí que acababa el plazo para las enmiendas a la totalidad, ya registradas por PP y Vox, pero hasta el 16 de enero se mantendrá el registro abierto para las enmiendas al articulado. Son estas enmiendas donde hay la madre del cordero de la ley, dado que servirán para perfilar flecos o mirar de garantizar casos que hoy por hoy quedarían excluidos de la aplicación de la amnistía o que dejan demasiado margen interpretativo al poder judicial para entorpecer la aplicación caso por caso. Aquí es donde entran las enmiendas que podrían abrir camino a los casos de

Una ampliación de plazos para ganar tiempos y calmar las aguas de la otra España
La prórroga del plazo para la presentación de enmiendas al articulado, las enmiendas parciales, por parte de los grupos parlamentarios, implica que el gobierno español tendrá tiempo para comunicar su criterio sobre la proposición de ley hasta las seis de la tarde del dos de febrero. Un trámite que normalmente pasa sin pena ni gloria en las iniciativas legislativas presentadas por los grupos parlamentarios que apoyan al ejecutivo, como sería el caso de la amnistía. Todo ello, pensado para enviar el mensaje a navegantes que el PSOE, y nadie más –por lo tanto, no los independentistas–, controlan la agenda y pilotan el proceso con sentido de estado. Y esperan ganar tiempo para que baje el suflé de la ultraderecha y las protestas en Ferraz.
Será entonces cuando la comisión de Justicia del Congreso tendrá que dictaminar sobre el texto, antes de aprobarlo, remitirlo en el Senado y posteriormente en el Congreso. Lejos quedaría, pues, el pronóstico que hizo el portavoz de los socialistas, Patxi López, que apuntaba que el mes de enero podría haber «la aprobación definitiva» de la norma por parte del pleno del Congreso. Por ahora, no hay ninguna fecha a la agenda para la convocatoria de plenarios y ni siquiera de la comisión de Justicia, que tiene encomendada la tramitación y el debate.

Una comisión que será un campo de batalla
Los plazos, a pesar de que estirados, no son los plazos bíblicos del reglamento parlamentario, porque la ley de amnistía se tramita por el trámite de urgencia. Un método que ahorra pasos. La vida parlamentaria de la ley se comenzó el pasado 12 de diciembre, cuando se admitió a trámite en el debate de presa de consideración por 178 votos a favor y 172 en contra. Una vez pasada la primera criba, la Mesa del Congreso estableció los plazos y encomendó a la comisión legislativa de justicia de la cámara su tramitación. Allá se debatirán las enmiendas al articulado. «Aquí es donde habrá el verdadero
Quién es quién en la negociación de las enmiendas
Paco Aranda, un veterano de los socialistas en Cataluña
La composición de esta comisión es interesante. La preside un socialista murciano, Francisco Lucas, pero como portavoz del grupo del PSOE-PSC hay un veteranísimo de la arquitectura interna de los socialistas catalanes, Paco Aranda. Este diputado fue el hombre de confianza de Miquel Iceta durante la travesía del desierto de la formación a raíz del Proceso, está avezado a las ofensivas populares y es un extraordinario oficial de combate a las bambalinas del poder.
María Jesús Moro, por el PP, y Ortega Smith por Vox
Pilar Vallugera, figura clave siempre discreta de ERC
Por parte de ERC, los republicanos no han querido experimentos y han confiado la tramitación de la ley a una veteranísima del partido con fondo de jurista, y con un punto de picardía catalana, como es Pilar Vallugera. Esta diputada, la pasada legislatura fue la encargada de llevar las galeras de varias iniciativas parlamentarias. El hecho que Gabriel Rufián chupara toda la atención no permitió que los diputados republicanos traspasaran la línea para llegar al gran público, pero estaban haciendo trabajo.

Josep Maria Cervera, un hombre bregado de Junts y el AMI
Por parte de Junts, los de Carles Puigdemont han decidido que Josep Maria Cervera, expresidente de la Asociación de Municipios por la Independencia, sea el portavoz. La elige de Cervera responde al hecho que tiene la piel muy gruesa después de cuatro años en el Senado con mayoría del PP y una larga experiencia como alcalde de Puerto de la Selva. De hecho, Cervera fue uno de los que eligió el equipo jurídico del AMI para evitar una retahíla de inhabilitaciones de alcaldes por su participación lo Primero de Octubre. La jefa de filas de Junts, Míriam Nogueras, consta como adscrita a la comisión.
Jon Iñarritu, diputado estrella de Bildu
Estos portavoces no estarán solos. Bildu ha optado por un experimentadísimo diputado, exsenador y fuerza conocedor de la realidad catalana como es Jon Iñarritu. Diputado experto
Mikel Legarda, un letrado experto del PNB
El PNB también apuesta por la rigurosidad técnica con un diputado con muchísimas horas de vuelo como es Mikel Legarda, letrado de los servicios jurídicos centrales del gobierno vasco. Lleva seis legislaturas en la cámara y parece que no tenga ninguna arruga al traje. Su aspecto de
Enrique Santiago, Gerardo Pisarello y Martina Velarde, en el frente de Sumar y Podemos
Enrique Santiago, el actual secretario general del Partido Comunista de España, será el portavoz de Sumar, con la ayuda de un adjunto de lujo como es Gerardo Pissarello, exprimer teniente de alcalde de Barcelona y uno de los impulsores del Colectivo Prada, la entidad de profesores y académicos del derecho que defendían la legalidad del referéndum. Martina Velarde, diputada de tres legislaturas, será la encargada de llevar la voz de Podemos en la tramitación legislativa.

Orfebrería en las enmiendas
El trámite de enmiendas es evidente que no será pan comido, a pesar de que no se esperen una cantidad ingente de enmiendas parciales. Básicamente, la proyección es que habrá enmiendas para retocar «cuatro detalles» que en un texto como este pueden ser claves. De entrada, las enmiendas tendrán que sacar hierro a la reforma aprobada el pasado diciembre que asustó los grupos políticos independentistas, dando por sentado que establecía la suspensión de los plazos cuando un juzgado o tribunal presentará una cuestión prejudicial a la justicia europea. Una opción que retardaría, por la decisión de un juez, la aplicación de la amnistía en los procesos ya abiertos.
Un segundo punto que tienen que abordar las enmiendas son los casos de
Serían aquellos casos donde la policía patriótica o miembros de unidades especializadas policiales, como la UDEF, habría llevado a cabo operaciones encubiertas, con manipulación de pruebas y de relatos, para envolver a líderes independentistas en una causa judicial. Esta fórmula permitiría liberar los jueces de acusaciones de lawfare, dando por sentado que se los presentaría como
