Primera sesión de trabajo efectivo de la comisión de Investigación en el Parlamento sobre la Actividad de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, el caso DGAIA. Este lunes han comparecido como expertos los representantes de los Colegios Profesionales de Educadores Sociales -Damàs Vidal, de Pedagogos Pilar Morral y Maribel Mateo – y de Trabajo Social, Eva Giralt.
Todos han aportado su experiencia, la visión técnica y profesional ante las irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión de las ayudas y las prestaciones de los menores tutelados y extutelados y de un modelo que ha entrado en crisis, hasta el punto que la entidad ha tenido incluso que cambiar de nombre, asumiendo la nomenclatura de Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA).
Más control, más recursos y más formación
A grandes rasgos, los comparecientes de las tres corporaciones han dividido sus intervenciones en dos fases: un balance de lo que ha ocurrido y las propuestas de mejora en el presente y el futuro. Si bien todos admiten que ven, en principio, con buenos ojos las reformas emprendidas por el mismo departamento de Derechos Sociales, también se han mostrado reacios a dar un aval general hasta que no se constate en el avance y la consolidación de las reformas. Por ello, reclaman «más control preventivo», «mejoras en el control público de los servicios» y «uso correcto de los recursos».
Asimismo, han pedido más «coordinación y actuación» entre las instituciones, las administraciones y las entidades que prestan los servicios de protección a los niños. Por otro lado, han solicitado mejoras en las condiciones laborales de los profesionales que se dedican a ello y, sobre todo, un plan de recursos psicosociales para cuidar la salud mental de los menores y también de los trabajadores. Por otro lado, todos han coincidido en definir el sistema como «desbordado» y «gestionado desde la emergencia».
En esta línea, han descrito una situación de poca estabilidad en una situación de desbordamiento. Como ha definido Giralt, los cambios en la consejería han provocado una «difícil continuidad estratégica» en políticas de protección de los niños. Por ello, han propuesto reducir las ratios de las plazas en los centros de acogida, a 20 plazas como máximo y dejar la fórmula «existencialista» para centrar en la «protección de los derechos de los niños».
