La Sindicatura de Comptes de Cataluña pronto no dará abasto para elaborar informes que critican y desvelan irregularidades de la administración pública catalana. Este miércoles le ha tocado al Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, el centro oficial de formación de los agentes de los Mossos d’Esquadra, las policías locales, los Bomberos y los Agentes Rurales. Es el informe 1/26, que fiscaliza el ejercicio 2023 y firma la síndica Llum Rodríguez.
Un documento que revisa los aspectos legales y económicos del Instituto de Seguridad Pública relacionados con las cuentas anuales, la contratación administrativa, el personal, la transparencia y el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad de la información y protección de datos de carácter personal. Todo correspondiente al ejercicio de 2023, en el cual el instituto tenía un activo de 39,63 millones de euros, con un presupuesto ejecutado que contaba con ingresos de 15,65 millones y gastos de 21,15 millones. La plantilla de su personal era de 137 efectivos, con obligaciones reconocidas por 5,72 millones de euros. Durante ese año se adjudicaron 553 contratos, por un importe total de 9,52 millones de euros (IVA incluido).
La auditoría resalta varias irregularidades, entre las cuales destaca la existencia de contratos fraccionados indebidamente, falta de transparencia y falta de seguridad interna, en el sentido de que el Instituto «no disponía de la auditoría de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad». En el mismo sentido, los síndicos remarcan que el organismo «tampoco disponía del informe de auditoría o documento equivalente respecto al tratamiento de datos de carácter personal».
Contrataciones irregulares
De acuerdo con la auditoría, los síndicos enfatizan que en «relación con la contratación, en algunos de los contratos revisados se han detectado determinadas incidencias relacionadas con la contratación separada de prestaciones que deberían haber sido objeto de un único contrato por constituir una unidad operativa o funcional«. Incluso, contrataciones que «están relacionadas con contrataciones sucesivas para cubrir necesidades recurrentes o previsibles». «Estas incidencias han resultado en la elusión de los requisitos de publicidad o los relativos a los procedimientos de contratación que habrían correspondido», reprochan. «Por este motivo, constituyen un fraccionamiento indebido del contrato», concluyen.
El informe también detecta «deficiencias en relación con las fechas de las resoluciones y las certificaciones de designaciones del personal docente analizadas«. En la misma línea, resaltan que la relación de puestos de trabajo (RLT) publicada en 2023 presentaba «deficiencias en cuanto al complemento de destino y específico de los funcionarios y al complemento de grupo del personal laboral». Así, apuntan que cinco puestos de trabajo estaban cubiertos mediante encargo de funciones cuando estaban definidos en la RLT como «puestos con forma de provisión de libre designación y no mediante concurso específico». Asimismo, en 3 puestos provistos mediante encargo de funciones y en 2 puestos ocupados mediante comisión de servicios se superaba el plazo máximo establecido en la normativa.
