Un informe demoledor. Así se puede calificar el estudio económico y financiero que la Sindicatura de Comptes de Cataluña ha hecho sobre la contratación pública y la adjudicación del servicio de acogida de la infancia y la adolescencia de los ejercicios 2016-2020. Un informe obligado a petición del Parlamento de Cataluña a través de la Resolución 1053/XII. El estudio enfatiza el desbarajuste en las prórrogas de los contratos, en las «acreditaciones» de las entidades contratadas o la carencia de referencia de precios y costes que tiene este servicio administrado por la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), que cuelga de la consellería de Derechos Sociales, así como el Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona (CSSBcn), que gestiona y supervisa los centros de niños y adolescentes para la DGAIA en la ciudad de Barcelona.
La auditoría, aprobada por el pleno de la Sindicatura el pasado 26 de marzo y de la que ha sido ponente Maria Àngels Cabasés, destaca la ingente cantidad de contratos fiscalizados. En concreto, el número de expedientes de acogida a niños y adolescentes abiertos por la DGAIA fue de 6.927 en el ejercicio del 2016; 7.449 el 2017; 9.590 el 2018; 9.387 el 2019 y 7.893 el ejercicio 2020. Unos expedientes con que se gestionaron un importe total de 944,46 millones de euros, de los cuales 788,75 correspondían en centros gestionados por la DGAIA y 155,71 M€ por el CSSBcn.
Gastos superiores a lo contratado, prórrogas de contratos sin firmar o reconocimiento de deuda que supera las capacidades de la consellería han hecho alzar las manos al cielo la Sindicatura. En resumen, no usaban instrumentos jurídicos para prestar los servicios y, por lo tanto, según la auditoría, «las entidades proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública no prestaban sus servicios en virtud de ningún contrato, resolución o instrumento jurídico vigente». El informe apunta las responsabilidades de la dirección administrativa y política de la DGAIA y el Consorcio.
Caos contractual sin instrumentos jurídicos
El informe, al cual ha tenido acceso El Món, destaca que todos los documentos de prórroga del ejercicio 2017 se hicieron en los meses de abril y mayo de aquel año. El año 2018 la DGAIA prorrogó 181 contratos correspondientes a servicios contratados en ejercicios anteriores, y en 112 de estos «no se firmó ningún documento de prórroga, a pesar de continuar prestándose el servicio«. En este sentido, los síndicos indican que las prórrogas del 2017 comportaron «modificaciones del régimen económico que suponían una alteración significativa de los contratos originales». Un hecho que, a parecer de los auditores, tenía que menester «una nueva licitación de estos servicios».
De este modo, las entidades contratadas prestaron el servicio sin tener ningún «instrumento jurídico» que los habilitara a hacerlo. De este modo, entienden que las prestaciones de servicio de estas prórrogas serían «constitutivas de nulidad de pleno derecho» con el beneplácito «que constituyen actos administrativos contrarios al ordenamiento jurídico». En este sentido, la Sindicatura recuerda que se tienen que «revisar de oficio» todas las licitaciones que se llevaron a cabo con la consejera Dolors Bassa, con la aplicación del 155 y con el consejero Chackir el Homrani.
Gastos salidos de madre
El informe también reprocha el gasto superior a lo presupuestado y la manera de abonarlo. Así subraya que en los centros de la muestra, el gasto reconocido por la DGAIA fue superior al gasto contratado en 774.283 € el ejercicio 2016; en 5,26 M€ el 2017 y en 11,80 el 2018. Una sobrefacturación que «no tenía cobertura legal para el reconocimiento del gasto». Para pagar este gasto, en los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020 la DGAIA tuvo que tramitar diferentes comunicaciones al Gobierno para que tomara conocimiento del reconocimiento extrajudicial de crédito. Un hecho que la Sindicatura ve más que sospechoso. «La carencia de tramitación de las prórrogas podía ser motivo para incurrir en un supuesto de responsabilidad de los establecidos en la normativa», asegura.
En este marco, la auditoría destaca que solo un día después de poner en conocimiento del Gobierno el documento del reconocimiento
extrajudicial de crédito del año 2017, la consejera emitió una resolución por la cual tomaba conocimiento de la deuda adicional contraída por la DGAIA correspondiendo al gasto de 153 centros por 86,62 M€. «La Sindicatura considera que la resolución de la consejera sobrepasa el concepto de concreción u omisión que permitía el Acuerdo de Gobierno», razona el documento. Así mismo, interpreta que ni el 2017 ni el 2018 se dio ningún motivo para utilizar el procedimiento de contratación de emergencia del que habría abusado la consellería.
En cuanto al Consorcio, la misma cuestión. «El CSSBcn no formalizó en ningún documento administrativo una parte de las prórrogas anuales de los contratos adjudicados a las entidades prestamistas de los servicios de acogida a la infancia y la adolescencia de la ciudad de Barcelona», sentencia el documento. Además, añade que en 2016, el CSSBcn reconoció «el gasto de 15 centros sin tener ningún amparo formal para poder ser reconocida en el presupuesto.». En conclusión, según la Sindicatura los pagos de las obligaciones efectuados por el CSSBcn durante el año 2018, por 44,22 M€, se hicieron sin que tuvieran un instrumento jurídico válido vigente que los soportara. De hecho, estos pagos se incluyeron posteriormente en el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito del 19 de mayo del 2019.
