«O nos ponemos las pilas o perderemos la nación». Esta es la frase con la que el alcalde de Cunit, el audaz geógrafo Jaume Casañas, ha inspirado la Declaración de la Panadella, un documento firmado por un centenar de alcaldes el pasado 13 de abril en ese emblemático punto de la A-2 y que pone el dedo en la llaga en uno de los puntos clave de toda estructura política: la división territorial y la distribución del poder en todo el país. Por primera vez en muchos años, alcaldes de todos los colores políticos situaban la geografía en el centro del debate político y como eje para buscar el equilibrio y la igualdad social.
Poco a poco, el proyecto ha ido creciendo y abriendo puertas institucionales, mientras perfila su discurso que es necesario reestructurar Cataluña para, según Casañas, uno de los principales impulsores de la iniciativa, distribuir mejor el poder, hacer una administración más eficaz y, sobre todo, neutralizar el riesgo que supone lo que ya se conoce como Barcelunya. Es decir, el desequilibrio entre el poderoso y autoorganizado área metropolitana de Barcelona y el resto de la nación. De hecho, este movimiento suple una de las carencias del debate político que se vivió intensamente con el Proceso soberanista, durante el cual había estudios de todo tipo pero se echó en falta cómo sería la estructura territorial, administrativa y de poder de una virtual Cataluña independiente.
La Declaración de la Panadella pone negro sobre blanco las posibilidades que hay, legales y administrativas, de cambiar el paradigma del sistema político de Cataluña, aprovechando las veguerías pero también, y aquí radica una de las principales estrategias, con pequeños cambios comarcales, sin tocar la distribución provincial para «evitar que Madrid bloquee una iniciativa que otorgaría más soberanía real a los ciudadanos del país». Se trataría de «convertir el país en la Cataluña federal», señala Casañas de manera gráfica. De momento, los integrantes de la Declaración de la Panadella tienen el proyecto sobre la mesa, bastante avanzado aunque faltan algunos flecos, y quieren que sea uno de los debates de cara a las próximas elecciones municipales.
La Cataluña federal
“Sin el resto del Principado, sin el resto de la nación, Barcelona no solo pierde la esencia, sino que pierde toda capacidad de competir globalmente”. Esta es una de las máximas principales de la Declaración de la Panadella, el nervio del movimiento. “Queremos que Cataluña sea un país equilibrado, que genere bienestar a todas las catalanas y catalanes”, afirma el manifiesto que, al fin y al cabo, reclama más gobernanza para el resto del país y que no se construya una nación a “dos velocidades”.
«Hay que poner en marcha las intenciones del manifiesto y trasladarlas a la realidad, de ahí que propongamos una especie de Cataluña Federal», explica Casañas con convencimiento. «La propuesta por ahora implica reducir administraciones, como ahora los consejos comarcales, otorgar más poder a las veguerías, que funcionarían como regiones operativas, con presupuesto propio y con responsabilidad directa con el ciudadano, sin tener que tocar de manera profunda ninguna frontera administrativa de las diputaciones provinciales, es decir, mantener la división provincial, lo que aparta el proyecto de las garras de Madrid», detalla Casañas, que fue elegido alcalde como cabeza de lista de Impulsem Cunit.
En resumen, el proyecto pasa por «regionalizar Cataluña y convertirla en una nación federal, con una capital que es Barcelona, pero con poder territorial que no dependa de un despacho de la capital y que tenga presupuesto propio». Un sistema que evitaría lo que tilda de «país de dos velocidades». Por un lado, la macrocefalia de la Barcelona metropolitana y, por otro, el resto del país, que «necesita autonomía y decidir por sí mismo sin necesidad de pasar por un despacho de Barcelona, alejado de la realidad territorial».
Cambios en tres comarcas
Sobre el mapa, la propuesta implica hacer cambios que afectarían a tres comarcas: el Baix Penedès, la Cerdanya y el Solsonès. El paraguas madre de la planificación es el mantenimiento de las nueve veguerías: el Aran, el Alt Pirineu, la Cataluña Central, Girona, Barcelona, el Penedès, Lleida, el Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre. Por eso hay que hacer cambios comarcales que se incluirían en las demarcaciones provinciales. En concreto, trasladar a la demarcación de Lleida los municipios de la comarca de la Cerdanya que ahora pertenecen a Girona. Por tanto, la comarca entraría de lleno en la demarcación territorial de la veguería del Pirineu. Una decisión que entierra un proyecto de los años noventa de pasar la comarca a la Cataluña Central a raíz de la apertura del Túnel del Cadí.
Por su parte, el Solsonès dejaría la demarcación provincial de Lleida y entraría en la de Barcelona, y permanecería en la demarcación de la Veguería de la Cataluña Central. Y, en última instancia, el Baix Penedès dejaría la Diputación de Tarragona para entrar en la de Barcelona y permanecería en la actual Veguería del Penedès, la última que se ha instrumentalizado. De esta manera, el mapa de las fronteras provinciales se mantendría y coincidiría con los límites de las veguerías. Y, por ejemplo, esquivaría la aprobación de una ley electoral que hace 40 años el Parlamento intenta, sin éxito, aprobar. Una vez redibujado el mapa de Cataluña, se abriría una segunda fase, de distribución del poder y soberanía de las veguerías.
Veguerías y diputaciones
El hecho de que la división provincial se mantenga y continúe como una administración de segundo nivel facilita el cambio de estructura del ejercicio del poder en Cataluña, que en definitiva, quedaría limitado a tres niveles de administración: ayuntamientos, diputaciones, consejos de veguería con la Generalitat. Una fórmula que implica la desaparición de los consejos comarcales, entidades que no han terminado de encontrar su papel, ya que las decisiones importantes las toman los consejos de alcaldes. «De hecho, hay consejos comarcales donde cuesta más el relleno que el gallo, donde un consejero recibe más sueldo que el presupuesto que gestiona», apunta Casañas.
Dentro de cada demarcación provincial, habría el «Consejo de Veguería» encargado de gestionar el presupuesto que provendría del Parlamento de Cataluña que subsumiría los funcionarios, el personal y los recursos de la Generalitat. «Esto implicaría, la reducción de un nivel de administración y una estructura más eficiente y soberana de los recursos que deben invertirse en cada rincón del país, sin que un señor en un despacho de Barcelona decida si hace falta un instituto o un médico más», detalla Casañas.
«La columna vertebral del país sería regional, es decir, cada veguería podría actuar de manera más eficiente ante los retos nacionales en condiciones de igualdad con quien ya actúa de manera autónoma, que es el Área Metropolitana de Barcelona, que nos está dividiendo la nación», añade. «Debemos poder exigir de tú a tú, como gobierno, trenes, institutos, médicos, policías o intensificar proyectos escolares…», remarca Casañas. «Debemos impulsar un nuevo modelo de gobernanza regional que garantice el equilibrio, la cohesión y la justicia territorial en todo el país«, apunta.
Explicar la buena nueva
El proyecto no se ha quedado reducido a un documento y a una imagen vaga. Al contrario. Casañas y su partner principal en el proyecto, Manel Solé, alcalde de la Granja d’Escarp (Segrià), han trabajado. Desde la presentación del proyecto, el pasado 18 de febrero, se han dedicado a explicar la iniciativa al Parlamento, al consejero de Presidencia, Albert Dalmau, y al presidente, Salvador Illa, y al presidente en el exilio y jefe de la oposición, Carles Puigdemont. De hecho, poco a poco se han transformado en un lobby que quiere ir «picando piedra» para convencer de un proyecto que ven «muy factible», sin «ningún impedimento legal», y que puede ayudar a «salvar la nación» y neutralizar “la dinámica de desequilibrio territorial creciente, marcada por un contraste cada vez más acentuado entre la realidad metropolitana y el resto de Cataluña”.
