El exsecretario general de Junts, Jordi Sànchez, se dará de baja como militante del partido antes de volver a la Sindicatura de Greuges, donde será nombrado director de Derechos Sociales. Según han confirmado fuentes de la sindicatura a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), el líder independentista asumirá el cargo el próximo 1 de junio y volverá a una institución en la que ya trabajó entre 2010 y 2015 como adjunto al síndico Rafael Ribó. Sànchez se marchó del síndico de greuges para presidir la Asamblea Nacional Catalana (ANC).
La actual síndica, Esther Giménez-Salinas, habría comunicado la incorporación de Sànchez a su equipo este mismo lunes. Sànchez, que fue relevado por Jordi Turull como secretario general de Junts, hacía tiempo que había dejado la primera línea política y dirigía la fundación Crida Nacional per la República. Según la sindicatura, Sànchez se ha comprometido a renunciar a la militancia de Junts antes de asumir su nuevo cargo, donde sustituirá a Aida Covadonga, que deja la dirección de Derechos Sociales después de que la hayan nombrado nueva adjunta de la institución para la defensa de los derechos de los niños y los adolescentes.
Sànchez cierra la etapa política y vuelve a la vida civil
Sànchez, de 58 años, es profesor universitario y fue presidente del ANC entre el 2015 y el 2017, cuando fue detenido y enviado a prisión provisional por su papel en la manifestación del 20-S ante la consellería de Economía. El Tribunal Supremo lo condenó a nueve años de prisión por un delito de sedición en 2019, pero salió libre el 23 de junio del 2021 después de ser indultado por el gobierno español, igual que el resto de presos políticos.
Después de la modificación del Código Penal pactada por ERC con la Moncloa, Sànchez fue condenado por desórdenes públicos –en lugar de sedición– porque durante la protesta del 20-S «practicaron actos concretos de violencia o intimidación sobre personas o cosas». Con todo, el Supremo consideró que con la nueva ley se declaraba extinguida la pena y, por lo tanto, decaía también la pena de inhabilitación, lo cual le permitía volver a la primera línea política u ocupar cargos públicos.
