El juzgado de primera instancia e instrucción número cuatro de Santa Coloma de Farners ha rechazado aplicar la ley de amnistía a los cuatro investigados por las protestas contra Felipe VI del cinco de julio de 2023 en Caldes de Malavella. En el auto, el juez señala que la petición de aplicar la amnistía no puede ser aceptada porque no se encuentra entre ninguno de los supuestos que prevé la ley. El juez explica que los investigados participaron en la manifestación antimonárquica «contra la presencia de los Reyes de España, y durante su transcurso, presuntamente cometieron un delito contra la seguridad vial, al cruzar la A-2 en repetidas ocasiones». «Ni el motivo de la manifestación, ni el hecho presuntamente delictivo, tienen relación o conexión con el movimiento independentista catalán» arguye el juez para denegar la aplicación de la amnistía.
La manifestación del cinco de julio de 2023
El cinco de julio de 2023 unas 400 personas se manifestaron a la entrada de Caldes de Malavella por la visita de Felipe VI a las comarcas gerundenses con motivo de la entrega de los premios Fundación Princesa de Girona (FPdGi) que presidieron el Borbón y la princesa Leonor. Los manifestantes se situaron a cuatro kilómetros del hotel Camiral, donde se hacía la entrega, por el fuerte dispositivo de seguridad para proteger a los Borbones. Ante esta presencia policial, algunos manifestantes se dividieron avanzando por la carretera y otros campo a través.
El auto señala que unas 60 personas superaron el cordón policial y se acercaron al hotel, siendo interceptados por los agentes de policía. «Aunque la mayoría decidió quedarse allí, sin provocar ningún tipo de incidente, un subgrupo de unas 15 personas logró eludir el segundo cordón y acercarse al recinto protegido», señala el auto. Entre este grupo de 15 están los cuatro investigados, que después de cruzar la A-2 pudieron saltar la valla del hotel siendo interceptados por los Mossos al poco tiempo y sin llegar al edificio. Los agentes los denunciaron por delitos de desobediencia y contra la seguridad del tráfico. La defensa de los investigados pidió archivar el caso considerándolo dentro del «derecho de protesta» y solicitaron acogerse a la ley de amnistía.
