El presidente del Consell de la República, Carles Puigdemont, ha remitido una carta a los miembros de la Asamblea de Representantes con la cual informa de la disolución del conocido como Parlamento al exilio. Según la misiva, a la que ha tenido acceso El Món, Puigdemont ha impulsado desde el Gobierno de la institución una «reforma» de la estructura institucional al exilio y que consistiría a desdoblar la cámara en dos parlamentos con funciones diferenciadas. En la carta, el presidente admite que hace falta «focalizarnos en el objetivo final más que no en la organización o el funcionamiento interno, que, por otro lado, era un trabajo imprescindible en el primer periodo de la Asamblea, pero que no ha sido percibida como una prioridad del Consejo».
En esta línea, Puigdemont hace «una propuesta de mejora organizativa pensada principalmente para atender las prioridades» – el control del territorio y legislación republicana- y para que «queden claras las funciones de los diferentes órganos». Una reforma que modifica la actual estructura, por lo tanto, si la consulta lo aprueba, el resultado es vinculante y de este modo se demora la convocatoria electoral hasta que los registrados aprueben la reforma. Es decir, el 31 de agosto se tendría que haber disuelto la cámara con fecha electoral, con esta decisión, Puigdemont quiere rehacer la estructura y demorar la elección de los representantes hasta que haya una nueva estructura institucional del exilio.
Dos cámaras legislativas
La reforma que impulsa Puigdemont afecta sobre todo las funciones y la composición de la Asamblea de Representantes, conocido como el parlamento al exilio. La oferta de Puigdemont es la «creación de dos órganos de representación con dos misiones muy definidas y centradas en dos de las principales exigencias» que habría recibido el gobierno en estos dos últimos años. Por un lado, instituir «una Cámara de representación de los Consejos locales y también de las bases del Consejo, que tendrá el objetivo de deliberar y tomar decisiones sobre las acciones que el Consejo tiene que hacer al conjunto de los Países Catalanes». Es decir, el control del territorio.
Por otro lado, una Cámara que se tendrá que encargar de «la elaboración de la legislación republicana -es decir, las leyes de la República- en la cual puedan participar todos aquellos expertos y profesionales necesarios para esta tarea de que cuenta la base de registrados del Consejo». Es decir, un sistema bicameral para hacer más eficaces las instituciones del exilio. Con esta reforma, la elección del presidente del Consejo sería a votación de todos los registrados y, además, el gobierno al exilio también sería el encargado de la normativa interna del Consejo.
Aprovechar los plazos
La carta enfatiza que la reforma se ha presentado dos años después de empezar la singladura con la actual estructura. «Como que esta reforma modifica la actual estructura institucional del Consejo, desde el Gobierno hemos presentado una propuesta de consulta a la Sindicatura Electoral y de Procesos Participativos con este proyecto de reforma sustancial, orgánica y normativa», justifica la carta. «Si la Sindicatura aprueba la propuesta, la voluntad del Gobierno es que esta consulta se pueda celebrar cuanto antes mejor, durante este próximo mes de septiembre», añade.
Con esta premisa, Puigdemont arguye que el decreto de disolución de la actual Asamblea de Representantes que se tiene que publicar este lunes, «no fija todavía la fecha de las elecciones próximas hasta que se conozca el resultado de la consulta vinculante». Según explica Puigdemont, si no se hiciera así, las elecciones «quedarían convocadas automáticamente a partir del último día de agosto de acuerdo con las actuales reglas electorales, abriendo así el riesgo que esta convocatoria electoral entre en contradicción con el resultado (vinculando) de la consulta». De este modo, Puigdemont evita que se elija un Parlamento que no tendría nada que ver con las funciones que prevén las dos cámaras que crea la reforma.
