El presidente al exilio y eurodiputado, Carles Puigdemont, ha remarcado que el conflicto entre Cataluña y el estado español «no lo ha resuelto el autonomismo ni el constitucionalismo» y ha puesto un referéndum acordado en el centro de este «acuerdo histórico» que ha ofrecido negociar al PSOE y Sumar para facilitar la investidura del secretario general de los socialistas españoles, Pedro Sánchez. «Y que nadie se engañe, tampoco con la amnistía no lo resolverá de fondo», ha advertido en referencia a las «condiciones previas» que reclama para sentarse a negociar.
Puigdemont ha remarcado en la conferencia de este martes en Bruselas que el que es determinante para lograr un acuerdo es «el reconocimiento nacional de Cataluña» y su derecho a la autodeterminación porque los catalanes tienen derecho a «hacer realidad de forma democrática» la decisión que ya tomó en el referéndum del 1 de noviembre del 2017. En este sentido, el expresidente del exilio ha señalado que «el que es determinante es el reconocimiento nacional de Cataluña» y que solo un «referéndum acordado con el estado español podría sustituir el mandato del referéndum del 1 de octubre«.
No hay impedimentos constitucionales
El expresidente de la Generalitat ha dicho que «no existen» impedimentos constitucionales para organizar y celebrar un referéndum acordado, «solo hay que recordar el artículo 92 de la Constitución», ha remachado. Carles Puigdemont cree que las formaciones españolas tienen «carencia de voluntad política» para asumir» este «gran pacto» que reclama porque, según él, «si se quiere, se puede«. «Y en democracia no hay ninguno otro mecanismo mejor que el de poner en manos de los ciudadanos las decisiones de gran trascendencia como es esta», ha sentenciado.
Criminalización del 1-O
Carles Puigdemont ha denunciado que la «criminalización» del referéndum del 1 de octubre por parte del estado español, pero ha recordado que el Primero de Octubre llegó «como respuesta legítima del pueblo de Cataluña a todas las negativas de resolver las demandas anteriores que sus representantes democráticos y legítimos han ido elevando a los poderes del estado: el estatuto, la transferencia de competencias para organizar un referéndum consultivo, la consulta popular del 9N de 2014, el pacto fiscal y el referéndum acordado».
