El 9-N es un clásico de la historia reciente del catalanismo. Una victoria que después de ganarse, se administró mal. Una forma bastante original de convertir las victorias en derrotas, solo con el consuelo de «haber jugado mejor». La excusa que tenía la generación de aixecarecopes que durante años mantuvo la supervivencia del espíritu blaugrana. El éxito del 9-N –que superó «las putadas» del Estado– ha ocultado, durante diez años, la disputa interna del independentismo que se ha desatado en la etapa post Primer de Octubre. Así lo delatan los testimonios de sus protagonistas que estos días han conversado con El Món.
La conclusión de todo esto es que la consulta soberanista fue un éxito colectivo no solo contra el gobierno español y la capacidad de reacción del Estado, sino que también fue a pesar de la eterna disputa del independentismo y la batalla que ERC mantenía contra CiU por la hegemonía del espacio soberanista. La intrahistoria del 9-N diez años después muestra las debilidades del movimiento, pero también sus fortalezas. Una historia de fidelidades, traiciones, ataques y política al más alto nivel. «Todo, sin embargo, se compensó cuando a las siete de la mañana ya había colas para votar», afirman convencidos los políticos impulsores de la consulta.
Una mayoría absolutísima del PP
La situación política en Cataluña se centra en una mayoría absolutísima del PP de Mariano Rajoy. Artur Mas había accedido a la presidencia de la Generalitat en las elecciones de 2010 con una amplia mayoría y con el proyecto del Pacto Fiscal, un concierto económico asimilable a una financiación singular para Cataluña. La historia tiende a repetirse, sobre todo, en los fracasos. La manifestación multitudinaria de la Diada de 2012 y el fiasco del encuentro de Mas y Rajoy en la Moncloa para negociar el pacto fiscal, provocó un adelanto electoral para el 2012.
En aquellas elecciones, CiU perdió 12 escaños pasando de 62 a 50, ERC, con Oriol Junqueras a la cabeza remontó hasta los 20 diputados, y entraron, por primera vez, tres diputados de la CUP, con David Fernàndez al frente. Los electores habían dejado fuera Solidaritat Catalana per la Independència que entró en la cámara catalana en 2010 y que apostaban por la vía unilateral. La pérdida de escaños de CiU llegaba después de la difusión de cuentas falsas en el extranjero y acusaciones de corrupción que años después han demostrado que eran parte de la operación Cataluña.
Finalmente, Mas fue investido presidente con el apoyo de ERC con un acuerdo bautizado como «Pacto por la libertad» que hasta última hora no validó Josep Antoni Duran i Lleida, entonces codirigente de CiU como presidente del Comité de Gobierno de Unió Democràtica de Catalunya. La campaña electoral estuvo marcada por el compromiso de celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Una propuesta de la cual Madrid no quería ni oír hablar. De hecho, desde Cataluña se articuló el concepto de «derecho a decidir» que tenía el apoyo de 107 sobre 135 diputados, entonces el PSC aún estaba de acuerdo.
El TC entra en juego
La consulta se convierte en la cuestión central de la legislatura, a pesar de la gestión de la crisis económica iniciada en el año 2008. El Parlamento pone en marcha una comisión de estudio que prevé diversas fórmulas legales para celebrarla. El Gobierno configura un Consejo para la Transición Nacional con el exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Carles Viver i Pi-Sunyer de presidente que elabora un libro blanco sobre cómo celebrar una consulta y cómo gestionar la puesta en marcha de una Cataluña estado. También se organiza el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, presidido por Joan Rigol, que tiene por misión capitalizar los apoyos de la sociedad civil a la consulta.
El Parlamento aprueba una Declaración de Soberanía, que el Tribunal Constitucional anula en enero de 2013. Era una declaración política que reconocía el derecho a decidir de la nación catalana. Por primera vez, la alta magistratura anulaba una declaración eminentemente política de una cámara autonómica. Lo hacía además, con una sentencia que aplicaba un argumento innovador y que ha servido para la ofensiva jurídica española contra el Proceso. El Tribunal afirmaba que lo jurídico no terminaba en lo que es vinculante.
Un nuevo panorama
Con todo esto, y con los equilibrios de las mayorías que había en el Parlamento, el jueves 12 de diciembre de 2013, en un encuentro en Palau y después de un largo puente, Mas acuerda con todo el arco parlamentario menos el PP y el PSC, la pregunta de la consulta. La pregunta es árbol y responde a una obra de orfebrería, que incluye tres elementos indispensables: el concepto independencia, a Unió le permitía introducir el concepto de Estado, y a ICV, la opción del no, pero la defensa del ejercicio del derecho a votación. Precisamente, Mas se comprometió con Joan Herrera, líder ecosocialista, antes de tirar por el derecho a pedir la delegación de las competencias al Congreso para celebrar la consulta.
Fue un fracaso, Herrera, Marta Rovira y Jordi Turull pidieron la cesión de la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña al Congreso de Diputados. La cámara baja española humilló las pretensiones catalanas así como la prensa cortesana que cargó las tintas contra la voluntad de la mayoría política de los catalanes de celebrar un referéndum.
Unas inoportunas elecciones europeas
Solo quedaba diseñar la estructura legislativa para la consulta que a la vista de lo que se advertía desde Madrid y desde el Tribunal Constitucional, era necesario dejar claro que no sería «jurídicamente vinculante». Otra cosa sería el valor político que pudiera alcanzar, y siempre con la piedra en el zapato de convocar unas elecciones plebiscitarias como las que se acabarían convocando en 2015, tras la resaca de la batalla independentista del 9-N. En este contexto, se celebran unas elecciones europeas en mayo de 2014. Una contienda que cambiaría las cosas.
Una reunión en la Casa dels Canonges entre Mas y Junqueras, con Rovira y el exvicepresidente del Parlamento y hombre fuerte del aparato convergente como Lluís Maria Coromines, acuerdan hacer una lista única con Toni Comín de cabeza de lista. La idea convence, pero no el nombre, hasta que se llega a la conclusión de proponerle el liderazgo al economista y exdiputado del PSOE, Germà Bel. Junqueras se comprometió a hablar con él. Los días pasaban y CDC pedía resultados a Junqueras que iba haciendo el remolón. Finalmente, y poco antes de poner en marcha el aparato electoral de las formaciones, Junqueras en un encuentro en el Parlamento, informa que no habrá acuerdo y que su formación defiende a Josep Maria Terricabras. Aquellas elecciones las gana por primera vez ERC y sacuden el panorama político. ERC ve la oportunidad de conseguir la hegemonía electoral catalana. Comenzaba una batalla sin cuartel con la consulta como arma política.
El gato y el ratón
La estrategia para celebrar la consulta fue evitar la confrontación directa con el estado y proteger la legalidad de la consulta. Una idea que supuso viajes a Madrid de la vicepresidenta Joana Ortega en coche -para evitar dejar rastro-, para reunirse con su homóloga española, Soraya Sáenz de Santamaría. Unos encuentros que fueron infructuosos para garantizar al menos una tregua de cara a la celebración de la consulta. La Moncloa, sin embargo, se mantenía firme contra el intento del referéndum.
La impugnación de la ley ante el TC limitaba el margen de acción y necesidad de nuevos acuerdos para aplicar los planes B que había previsto el Gobierno. El mes de octubre fue frenético con la celebración de reuniones secretas al más alto nivel, que se celebraron en la sala Cotxeres del Palau Robert y, finalmente, en el Palacio de Pedralbes. La última reunión fue definitiva. La tensión dentro de los dos grandes partidos soberanistas era demasiado evidente. Era necesario establecer una nueva estrategia para escapar de la acometida del Estado que prohibía la consulta como tal.
De hecho, Mas se reunió en secreto con Mariano Rajoy a finales de junio en la Moncloa. El presidente le ofreció un acuerdo a Rajoy que consistía en permitir la consulta a cambio de modificar un artículo del decreto de la convocatoria, de tal manera que el redactado indicara claramente que era un «mandato institucional» pero no vinculante. Rajoy se comprometió a darle una respuesta antes del mes de agosto. Las semanas pasaron y el móvil del presidente Mas no recibía ninguna llamada de la Moncloa. A finales de septiembre, Mas le pidió a Duran i Lleida que se pusiera en contacto con Rajoy por si le daba alguna respuesta. Rajoy hizo de Rajoy y convirtió el silencio en una negativa, que Duran confirmó tres días después de preguntarle.
El 13 de octubre, definitivo
El Estado estaba atento, pero tenía claro que con la ofensiva jurídica había tenido suficiente y que la mayoría soberanista se echaría atrás en la consulta. Lejos de eso, el 13 de octubre se convoca una cumbre en el Palacio de Pedralbes. Allí estaban todos. Antes de la hora concertada, Mas y Junqueras se reúnen en un hotel de la Diagonal. No hay acuerdo. No hay entendimiento. Comienza la cumbre. Mas, ante las dudas de ERC sobre la continuidad de la consulta, convoca a Francesc Homs, consejero de Presidencia, Irene Rigau, consejera de Educación y a Ortega. Les avisa que propondrá a Junqueras cesarles del Gobierno y ofrecerá sus puestos a ERC, por si quieren controlar la consulta. Todos avalan la propuesta de Mas.
La reunión comienza con el ambiente enrarecido. Mas hace la propuesta de la entrada en el Gobierno de ERC que Junqueras y Rovira rechazan de lleno. Mas propone reconvertir la consulta en un proceso participativo. Una idea que Junqueras combate. La tensión sube de tono. Hay gritos. Junqueras opina que Mas les quiere engañar y se oyen acusaciones de «traición» de los republicanos hacia el Gobierno de CiU y descartan apoyar la propuesta. Incluso, piden la cabeza de Joana Ortega. Los de ICV y la CUP quedan asombrados. De hecho, Joan Herrera y Joan Mena avalan con naturalidad la propuesta de Mas del Proceso participativo ante la prohibición del Estado y la CUP no ve nada mal la propuesta porque los «convergentes, a pesar de todo, ponen las urnas».
La cumbre termina pasadas las once de la noche, después de todo el día de reuniones. Caras largas a la salida. La CUP convoca una asamblea abierta en la plaza Sant Jaume esa misma noche. Es necesario obtener el apoyo formal de sus bases al hecho de que aunque no sea ni la fórmula precisa de un referéndum o una consulta, y sea un proceso participativo, «habrá urnas». Herrera y Mena salen del encuentro sorprendidos y no acaban de ver clara la reacción de ERC contraria a la apuesta del Gobierno. Mas repiensa la jugada.
Los voluntarios, la clave
Mas comparece al día siguiente en la galería Gótica del Palau. Explica en una rueda de prensa en directo su idea del proceso participativo. Anuncia que abrirá una bolsa de voluntarios. Da los detalles y, por lo tanto, mantiene la consulta aunque sea en un formato no vinculante. De repente, las peticiones para ser voluntarios superan cualquier previsión por optimista que sea, 43.000 personas se apuntan. Un número que se reducirá solo en 3.000 cuando la Moncloa presenta un último recurso el 4 de noviembre. La cuenta atrás de la consulta comienza a ser frenética.
Ortega se convierte en una especie de chivo expiatorio. Su partido, Unió, comienza a murmurar ante la consulta. Nadie la ve. Duran mantiene una discusión muy fuerte con Ortega. La vicepresidenta, sin embargo, se niega a dar información sobre los responsables de la consulta, los voluntarios o los técnicos implicados ni a Duran ni Espadaler, a pesar de las presiones. La consulta queda en manos de un núcleo muy reducido que se blinda y con grupo de trabajadores, funcionarios y voluntarios que se mantienen fieles y discretos. ERC, finalmente, se apuntan a ser voluntarios. El domingo 9 de noviembre, todos cruzan los dedos. El efecto sorpresa funciona, y la gente responde. El Estado tardará unos días, pero acaba actuando, después de reubicarse. El independentismo aún se está reubicando.
