El presidente del gobierno catalán, Pere Aragonès, ha celebrado el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) que concluye que el estado español vulneró los derechos políticos del presidente al exilio, Carles Puigdemont, cuando decidió suspenderlo como diputado en 2018 sin que hubiera una condena. Este viernes, Aragonès ha considerado que el dictamen «es una buena noticia» por Cataluña, porque, «desde el de vista internacional», se van «acumulando victorias y razones», tal como informa la ACN. En un pacto de la campaña electoral en Lleida, el presidente catalán ha deseado que este anuncio de la ONU sirva por «corregir» la actitud del Estado, si bien, ha añadido, «desgraciadamente» la «represión continúa» con gente «amenazada de volver a la prisión» o al exilio.
Aragonés está convencido que el «paso adelante» de la ONU supone un nuevo paso que «se suma a otros muchos» y que supone «una presión más» para poder encontrar una solución «política» en el conflicto entre Cataluña y España, una solución que para el presidente de la Generalitat pasa por un referéndum acordado con el Estado.
La opinión técnica de la ONU deja claro que España violó el artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos por haber impedido la participación política de Puigdemont después de ser nombrado diputado en el Parlamento de Cataluña en las elecciones del 21 de diciembre del 2017. El comité considera el derecho a la participación política “la esencia del gobierno democrático” y, por eso, reprocha al estado español la suspensión de Puigdemont cuando ya estaba en el exilio y sin que hubiera una condena.
La Moncloa ignora la ONU
La reacción de la Moncloa ha sido sacar importancia al dictamen de las Naciones Unidas y, este viernes por la mañana, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha retorcido el sentido de la decisión del comité y ha asegurado que “reafirma que el que tiene que hacer Puigdemont es volver a España para ser juzgado”.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dado 180 días al gobierno español para comunicar qué medidas ha tomado para evitar que se repitan casos así. Calviño, pero, no ha avanzado cuál será la respuesta del ejecutivo de Pedro Sánchez. La vicepresidenta primera ha defendido que, “justamente, el que dice la decisión es que hay de haber una sentencia, igual que pasó con el resto de personas que participaron de los hechos del 2017”.
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