La ANC ha denunciado ante Naciones Unidas el «patrón de discriminación estructural» que sufren los catalanes por parte del Estado español. La Asamblea ha colaborado con la Organización de Pueblos y Naciones No Representadas (UNPO) y Geneva for Human Rights (GDH) han presentado un informe ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en el que señalan los diversos agravios causados por España sobre el pueblo catalán. Entre otras cuestiones, destacan «la discriminación lingüística; la normalización del discurso de odio contra los catalanes, el lawfare o la aplicación inconsistente de la ley de amnistía» como yugos políticos del Estado sobre Cataluña.
El documento identifica una «persistente discriminación económica y de infrafinanciamiento» de los servicios públicos y las infraestructuras catalanas, con más de 21.000 millones de euros de déficit fiscal cada año; así como «restricciones a la participación política y a la sociedad civil» catalana. Además, recuerda episodios de represión y vulneración de derechos fundamentales, como el Catalangate el caso de espionaje contra líderes independentistas. «Estas cuestiones interrelacionadas muestran una dinámica de discriminación estructural que erosiona la capacidad del pueblo catalán para preservar su lengua y cultura, participar en los procesos democráticos, reducir desigualdades y disfrutar de igualdad ante la ley», lamentan los autores del documento.
«Reformas inmediatas»
El trato del Estado hacia los derechos civiles de los catalanes revela, a ojos de la ANC y el resto de organizaciones firmantes, la «falta de compromiso real del Estado español con los mecanismos internacionales de derechos humanos». El texto, de hecho, sostiene que «la omisión de la situación catalana en los procesos de información de España refleja una tendencia más amplia de falta de colaboración». Esto genera, argumentan, «dudas sobre la voluntad del Estado de cumplir plenamente sus obligaciones internacionales». Ante esta evidencia, reclaman que el organismo de la ONU inste al gobierno español a emprender «reformas inmediatas, concretas y estructurales» para garantizar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial; ahora mismo en duda en España. Entre otras cuestiones, presionan a Madrid para que garantice «la protección de los derechos lingüísticos, una educación inclusiva y cohesión social para fomentar el respeto a la diversidad» y «combatir el discurso de odio y las prácticas discriminatorias» que sufren los catalanes.
