El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se aferra a las promesas cada vez más lejanas del gobierno español con la reforma de la financiación. El jefe del ejecutivo, en la rueda de prensa que ha ofrecido para hacer balance de su primer año de mandato, ha tenido que defender el calendario del traspaso de la gestión del IRPF, previsto antes para 2026, pero que ahora no se completará hasta 2028. «El Gobierno no vende humo», se ha excusado el socialista, garantizando que el proyecto «es realista». La comparecencia se ha celebrado solo un día después de que se hiciera público el plan director de la Agencia Tributaria de Cataluña, en el cual el organismo reconocía que comenzaría a asumir «determinadas funciones» de recaudación precisamente dentro de tres años, con la legislatura prácticamente consumida.
A pesar de los retrasos y los desacuerdos con la Moncloa, Illa ha reivindicado el acuerdo de financiación como uno de los «hitos» alcanzados en su mandato. Ahora bien, ha avisado que el cambio de competencias «no se hará ni en un mes ni en un día». La Generalitat, ha recordado, deberá implementar un «fortalecimiento y una mejora de recursos» a favor de la Hacienda catalana; una inversión que solo se podrá ejecutar en «etapas sucesivas», tal como la aplicación del nuevo modelo. Cabe decir que entre el jefe del ejecutivo y la ATC hay una clara disonancia: donde los técnicos apuntaban que 2028 es el año objetivo para asumir «determinadas funciones» fiscales; Illa ha garantizado que se hará «la gestión completa» del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que es «el más importante y el más nuclear» del modelo impositivo. Por eso, pide que «todos estén a la altura» de la tarea.
Año dos, con presupuesto
Un año después de haber asumido la oficina de la plaza Sant Jaume, Illa ha sido incapaz de desbloquear la norma central de la legislatura: los presupuestos. Tal como le ha pasado a Pedro Sánchez en la Moncloa, el presidente de la Generalitat se ha encontrado una debilidad parlamentaria más pronunciada de lo que esperaba, que no ha permitido sacar adelante unas cuentas. Ahora bien, según ha anunciado, en el Consejo Ejecutivo hay la «voluntad» de aprobar unos presupuestos en 2026; aunque fía la ley a la «actitud» con que llegue la oposición. No ha querido contemplar la posibilidad de convocar elecciones en caso de que tenga que enfrentar otro curso sin ley de cuentas; y se ha comprometido a «agotar la legislatura», porque «es lo que conviene al país».
Condiciones «razonables» en la OPA
También ha aprovechado la comparecencia para defender al gobierno español en su batalla contra la Comisión Europea y el BBVA por las condiciones impuestas a la OPA al Sabadell en la fase 3 de estudio del expediente. Según Illa, el paquete regulador que ha aplicado el Consejo de Ministros, que obliga a mantener las dos empresas separadas en caso de éxito del folleto de compra durante un mínimo de tres años, es «sensato» y «garantiza el interés general». Con todo, celebra que se haya conseguido «mantener la presencia» de los dos bancos en Cataluña; y atribuye a ello las decisiones que se deban tomar en adelante.
