La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido sin rodeos que no ve viable la cesión de la recaudación y gestión del IRPF a Cataluña y que prepara una alternativa al financiamiento singular para Cataluña, según ha adelantado El Periódico y han confirmado a la Agencia Catalana de Noticias fuentes de su ministerio. Montero, que será la candidata del PSOE a las elecciones andaluzas del próximo año, abre así una nueva crisis con ERC, que ya ha dicho que sin financiamiento no votará los presupuestos españoles y catalanes, y deja en muy mal lugar al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que ha aprobado un plan director para que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) asuma la gestión del IRPF y hace unas semanas aseguraba que el Gobierno “no vende humo”. En unas declaraciones este lunes durante unas jornadas, Illa ha evitado la polémica y ha reiterado que Cataluña “no quiere ningún privilegio”, sino un modelo adaptado a las singularidades para “desarrollar su potencial”.

Montero ha asegurado que no comparte la propuesta de “cesión integral” del IRPF a la Generalitat pactada por PSC y ERC, y avalada en primera instancia por el PSOE y por el gobierno español, ni tampoco las reformas legales que los republicanos han llevado al Congreso para acelerar los trámites ante la apatía de los socialistas. “Es cierto que Hacienda no está a favor de la proposición de ley de ERC”, y que “trabaja en un modelo de financiamiento con la idea de que sea compatible cumplir los acuerdos firmados y hacer un sistema extensible al resto de comunidades autónomas”, afirman a la ACN fuentes del ministerio de Hacienda. Los republicanos hace tiempo que están molestos con la actitud de Montero y las declaraciones de este lunes confirman los peores augurios del partido de Oriol Junqueras.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido con el presidente de ERC, Oriol Junqueras / ACN

El presidente de ERC ha reiterado que no negociará las cuentas del Estado o de la Generalitat si el gobierno español intenta rebajar la proposición de ley que han presentado en el Congreso. En declaraciones a TV3, Junqueras ha dicho que “si consideran inasumibles cuestiones fundamentales para nuestro país, también serán inasumibles cuestiones que para ellos puedan ser relevantes, como los presupuestos”. El dirigente republicano ha insistido en que “no habrá negociación presupuestaria mientras no se resuelva satisfactoriamente el modelo de financiamiento y la recaudación” y ha aprovechado para reprochar que se sienten muy “solos” en el pulso con el gobierno español. “Otros que deberían estar ayudándonos, no lo están haciendo”, ha lamentado Junqueras sin mencionar directamente a Junts, los sindicatos o las patronales.

Las excusas de Hacienda para no ceder el IRPF

Hacienda justifica su postura con el juego de equilibrios que debe hacer con el resto de comunidades autónomas y prepara una alternativa que se pueda aplicar a todo el estado. De momento, ya ha confirmado que la reforma no irá al Consejo de Ministros de esta semana porque antes de impulsar un nuevo sistema de financiamiento es necesario “algún tipo de interacción con todas las comunidades autónomas”. Montero quiere convocar “pronto” el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar los nuevos objetivos de déficit y presentar la senda de estabilidad, paso previo a la presentación de los presupuestos de 2026. Con todo, el gobierno español tiene asumido que este año, y ya sería el tercero consecutivo, será muy difícil aprobar los presupuestos, y más ahora que ya reconoce abiertamente que no quiere ni oír hablar de la cesión del IRPF pactada por el PSC y ERC.

El gobierno español también se niega a hacer cualquier referencia al principio de ordinalidad —que garantiza recibir un financiamiento proporcional a la aportación que hace cada territorio— que exige ERC y que la Generalitat ha garantizado que se respetará en el nuevo acuerdo de financiamiento a pesar de que en la reunión bilateral Estado-Generalitat de antes del verano no aparecía el concepto. La idea de la Moncloa sigue siendo aplicar otro “café para todos” con el nuevo modelo de financiamiento, pendiente de actualizar desde 2014, y encontrar una fórmula bilateral con cada comunidad que después se pueda generalizar en función de las particularidades de cada territorio.

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