Desde que este lunes el gobierno español y la Generalitat presentaron la estructura del futuro modelo de financiación singular para Cataluña, la Asociación de Inspectores de Hacienda ha mostrado sus reticencias a este pacto, considerándolo un “régimen ilegal” y pidiendo la dimisión de la ministra de Hacienda y vicepresidenta, María Jesús Montero, a pesar de que no se ha concretado nada y ni siquiera se cumplirá el plan de que Cataluña recaude el IRPF el próximo año. Además, la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) también considera que la financiación singular para Cataluña supone un riesgo de pérdida de “eficacia y eficiencia” del sistema fiscal español.
Desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado se considera que el modelo pactado para Cataluña no está regulado en la Constitución, y por tanto es un modelo “ilegal” que “vulnera los principios de igualdad y solidaridad”. En un comunicado, esta asociación criticó que el nuevo sistema de financiación “solo obedece a un acuerdo político” para nombrar a Salvador Illa presidente de la Generalitat, ya que no han escuchado “ni una sola opinión positiva” sobre este modelo por parte de los expertos.
Los inspectores también advierten de las “graves consecuencias” de la nueva financiación para Cataluña, ya que el resto de comunidades autónomas se verán perjudicadas al tener menos fondos para financiar servicios públicos. Además, alertan del riesgo de que este modelo se generalice a otros territorios del Estado, ya que dinamitaría el sistema tributario y el Estado no dispondría de fondos para financiar el importe de las pensiones o los intereses de la deuda pública.
Los inspectores piden más protección de la Agencia Tributaria
De esta manera, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado pide la dimisión de Montero debido a su “incompetencia manifiesta”. En una rueda de prensa celebrada este miércoles en Madrid, la presidenta de la Asociación, Ana de la Herrán, destacó que la ministra debería proteger la Agencia Tributaria y no aplicar este acuerdo.
Desde la asociación aseguran que el nuevo modelo tampoco beneficiará a los catalanes, ya que es «imposible» que la agencia tributaria del Gobierno se haga cargo de la gestión del IRPF a partir de enero de 2026. «Es imposible, harían el ridículo, y los ciudadanos se verían seriamente perjudicados», advierten. Además, consideran que el nuevo modelo para “dividir la hacienda estatal” generará perjuicios de carácter técnico y muchos sobrecostos.
Por otro lado, la Airef también se ha sumado al conjunto de críticas hacia el nuevo modelo por la pérdida de eficiencia que supondría. La presidenta del organismo, Cristina Herrero, ha subrayado que “las cesiones de la gestión a las comunidades no pueden suponer perder información”, y por tanto es necesario mantener “una perspectiva de globalidad” en el ámbito fiscal.
