El consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, tiene como objetivo construir de una vez por todas el código normativo de la policía de Cataluña. Así, ha aprobado el decreto de estructura de los Mossos d’Esquadra, ha terminado el Plan de Seguridad de Cataluña que pronto se tiene que aprobar en el Gobierno, y por último quiere presentar el anteproyecto de ley del Sistema de Policía de Cataluña. Una ley atrasada y que espera ver la luz desde que Montserrat Tura fuera consejera durante el primer tripartido. De hecho, Elena ya tiene un borrador del texto legal que ha presentado a cuatro grupos parlamentarios, los del soberanismo —los favorables al derecho a decidir, incluidos los comunes— y a tres asociaciones municipalistas, entre estas, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), además de las históricas Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM). Han quedado a la cola, de momento, los grupos unionistas del arco parlamentario. Toda una declaración de intenciones para una ley que tiene que ser un pilar del autogobierno.
Este proyecto también lo intentaron los consejeros Ramon Espadaler, Jordi Jané, Miquel Buch i Miquel Sàmper. Y ahora corría el peligro de verse interrumpido de nuevo a la vista de la crisis de Gobierno del pasado mes de octubre, cuando Junts salió del ejecutivo. Un equipo dirigido por Amand Calderó, entonces coordinador de Sistemas de Seguridad Pública, terminaron un proyecto de bases y un borrador de articulado para presentarlo a los grupos parlamentarios antes de que acabara el mes de septiembre, y explicarlo en cuatro actas, uno a cada demarcación de Cataluña, durante el mes de octubre. Calderó ha cambiado de consellería, ahora está en Justicia, y vuelve a ser secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima. El proyecto ni ha llegado a todos los grupos parlamentarios ni tampoco se ha presentado en ninguna demarcación.
Los primeros en reunirse con Elena para una ley clave
Según una respuesta parlamentaria a que ha tenido acceso El Món, el Departamento de Interior asegura que «quiere contar con la participación de los actores implicados en el ámbito de la seguridad pública para buscar un amplio consenso social para la ley». Por eso justifica que se hayan iniciado «reuniones para dar a conocer el documento de bases del anteproyecto de ley del Sistema de Policía, que define los principios y valores, así como los elementos que tienen que inspirar el nuevo sistema policial y los contenidos a regular».
Estas reuniones, hasta ahora, se concretan en ocho encuentros de dos tipos: cargos electos y asociaciones. De hecho, en cuanto a asociaciones Elena solo se han encontrado con tres, todas de carácter municipalista. En concreto, el 3 de noviembre pasado el equipo de la consellería se reunió con la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM). Un encuentro al que asistieron los presidentes de las dos entidades, Olga Arnau i Lluís Soler, sus secretarios generales, Jordi Seguer y Joana Ortega, además del jefe de gabinete de la FMC, Tomàs Álvaro, y el vicepresidente del ACM, Xavier Paz.
Ahora bien, de estas reuniones destaca la celebrada aparte el 15 de noviembre con la Asociación de Municipios por la Independencia, la entidad municipalista continuamente denunciada o demandada por el Estado por su actividad política. En este encuentro, participaron Jordi Gaseni, presidente, Sònia Gràcia, vicepresidenta, David Solà, vicepresidente, Cristina Mundet, vocal, y Rosa Maria Sanjaume, coordinadora. Es decir, fue la más numerosa de las reuniones del gabinete del consejero sobre esta ley, clave en el sistema institucional del autogobierno.
Solo cuatro grupos parlamentarios
En cuanto a las reuniones con el poder legislativo, el equipo de la consellería solo ha celebrado hasta ahora cuatro encuentros. El pasado 28 de septiembre, el gabinete del consejero se reunió con los diputados de ERC Chakir el Homrani, Lluïsa Llop y Pau Morales. El cinco de octubre, con el portavoz de Interior de los Comunes, Marc Parés; el mismo día se encontraron con Junts per Catalunya, con su presidente de grupo, Albert Batet, y las diputadas Mercè Esteve i Irene Negre. Incluso, se reunieron con uno de los grandes fiscalizadores de la actividad del Departamento de Interior, el diputado de la CUP Xavier Pellicer. A estas alturas, Interior no refleja ningún encuentro formal para tratar el tema de la ley del Sistema de Policía ni con el PSC, ni Vox, ni PP, ni Ciutadans.
Los encuentros han servido para plantear el borrador del articulado y recoger opiniones sobre «las nuevas realidades sociales» y «las necesidades de seguridad actuales». Fuentes de Interior ya aseguraban el pasado septiembre la voluntad de exponer públicamente el borrador para incorporar demandas de los actores implicados, sociedad civil, sindicatos y organismos, así como las conclusiones de la comisión de estudio parlamentaria sobre el modelo policial, aprobadas el pasado mes de diciembre. El documento de bases del anteproyecto tiene 16 puntos y quiere asear el garbuix jurídico del sistema de seguridad y policial de Cataluña, ahora configurado por la ley 16/1991, de las policías locales; la ley 10/1994, de la Policía de la Generalitat – Mossos d’Esquadra; la ley 4/2003, de ordenación del sistema de seguridad pública de Cataluña; y la Ley 10/2007, del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña.
