El Consell Executiu de este martes ha aprobado el decreto de prórroga presupuestaria que entrará en vigor a partir del 1 de enero y que prolongará la vigencia de los Presupuestos de 2023, aprobados por el ejecutivo Pere Aragonès. Es la segunda prórroga que lleva a cabo el Gobierno de Salvador Illa desde que fue investido presidente de la Generalitat el 8 de agosto de 2024 ante la imposibilidad de cumplir el objetivo de tener las nuevas cuentas vigentes el 1 de enero. El año pasado el ejecutivo aprobó la prórroga en una reunión celebrada el 17 de diciembre, seis días antes que este año, y la encargada entonces de hacer el anuncio fue la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque. Este año, el anuncio ha coincidido con la comparecencia que ha hecho el mismo presidente de la Generalitat para hacer balance. Illa ha pasado por alto la prórroga en su intervención inicial, donde ha destacado otros acuerdos y ha aprovechado para hacer un balance «positivo».
Así, el ejecutivo socialista volverá a comenzar el año sin nuevas cuentas públicas, a la espera de poder comenzar las negociaciones con Esquerra Republicana y Comunes, sus socios prioritarios. De momento, el ejecutivo aún no ha presentado el proyecto de presupuestos, que, según apuntó Sílvia Paneque, está trabajando la consejera de Economía, Alícia Romero, con los diferentes departamentos de la Generalitat. La previsión es tenerlos definidos a principios de 2026, pero para sacarlos adelante necesitan llegar a un acuerdo con estas dos formaciones. «El gobierno se dejará la piel para sacar adelante los presupuestos», ha dicho Illa a preguntas de los periodistas. El presidente de la Generalitat no contempla ningún otro escenario que tener «un buen presupuesto cuanto antes», y ha manifestado su intención de agotar la legislatura.
Aun así, el presidente de la Generalitat no ha querido profundizar más en la negociación de las cuentas para 2026, pero ha reconocido que tanto Esquerra Republicana como los Comunes son unos socios «terriblemente exigentes». De hecho, ERC condiciona la negociación a dar pasos adelante con el financiamiento singular para Cataluña acordado con socialistas, y que deben cerrar la Generalitat y el ejecutivo español. En este sentido, Illa ha dicho que «estamos muy cerca de lograrlo», y ha recordado que la vicepresidenta española y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que oficializaría la propuesta próximamente. «El año 2026 debe traer noticias en este sentido. En enero deben pasar cosas», ha resumido.
Luz verde al decreto ley de necesidades financieras en prórroga presupuestaria
El año pasado, sin embargo, ante la imposibilidad de aprobar unas nuevas cuentas, el Gobierno se vio obligado a aprobar tres ampliaciones de crédito con sus socios prioritarios para tener más margen de maniobra a la hora de aplicar su plan de Gobierno. El decreto de prórroga, según la normativa vigente, garantiza el funcionamiento de la administración y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía mientras no se aprueben nuevos presupuestos. De esta manera, se prorrogan los créditos iniciales de los gastos de todos los departamentos de la Generalitat y su sector público, a excepción de aquellos destinados a programas o actuaciones que finalizan a finales de 2025. Los gastos de capítulo 1 (gastos de personal) se ajustarán a las dotaciones presupuestadas a 31 de diciembre de 2025. En cuanto al resto de gastos (capítulos del 2 al 9), se prorrogarán los créditos iniciales de 2023, a excepción de aquellos destinados a programas o actuaciones que ya hayan finalizado.
Por otro lado, el ejecutivo también ha dado luz verde al decreto ley de necesidades financieras en prórroga presupuestaria, que autoriza a la Generalitat y las entidades de su sector público a formalizar las operaciones financieras necesarias para funcionar mientras no hay nuevas cuentas. También permite hacer efectivo el incremento retributivo para los trabajadores públicos aprobado este diciembre, y regula una subida del 3% en el indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC). Este Decreto ley deberá convalidarlo el Parlamento, y permitirá a la Generalitat y las entidades del sector público formalizar operaciones para endeudarse en cualquier modalidad, incluyendo la concesión de avales y otras garantías.
