El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encabezado este mediodía el acto de firma del Pacto Nacional por la Lengua, que se ha celebrado en la sede del Institut d’Estudis Catalans. Illa, acompañado del consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, y representantes de diversos agentes políticos, económicos y sociales han rubricado “un compromiso colectivo para garantizar el futuro del catalán”. El texto final, según ha subrayado el Gobierno, es fruto de “un trabajo intenso y coral” que ha implicado a los grupos parlamentarios, pero Junts y la CUP han decidido quedarse al margen y solo lo han firmado PSC, ERC y Comuns. Tampoco lo ha firmado el sindicato mayoritario educativo, que ha denunciado menosprecio del Gobierno. En cambio, sí lo han rubricado Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua, pero con un sí crítico y advertencias hacia el ejecutivo. El acto de este mediodía, además, ha contado con la ausencia de Xavier Antich y Òscar Escuder. En nombre de estas dos entidades han firmado la vicepresidenta Marina Gay y el coordinador de Empresa y Consumo Xavier Dengra, respectivamente. El pacto firmado este martes establece un compromiso presupuestario mínimo anual de 200 millones de euros para la política lingüística de toda la Generalitat. En este sentido, el Pacto activa un primer paquete de acciones inmediatas en diferentes ámbitos para el 2025, con un presupuesto inicial de más de 255 millones de euros, una partida que el Gobierno define como “la cifra más alta jamás destinada a la política lingüística en Cataluña”. Illa ha destacado en un breve discurso que «tenemos claro el diagnóstico, tenemos claras las medidas y tenemos los recursos», y también ha subrayado que tienen la obligación de llevar el acuerdo «del papel a la calle». Asimismo, ha recordado que el punto de partida lo dio el expresidente Pere Aragonès y ha dicho que la lengua y el pacto son «de todos y de todas».
El documento parte de un diagnóstico que aborda “los factores de fondo que condicionan la situación del catalán y formula objetivos ambiciosos pero realistas, orientados a la mejora efectiva del conocimiento y el uso social de la lengua.” Las medidas que recoge, según remarca el ejecutivo, eluden “planteamientos simbólicos”, y apuesta por medidas “aplicables y evaluables”. Con el presupuesto fijado para este 2025, el ejecutivo subraya que este año se pondrán en marcha diversas iniciativas como una campaña de bienvenida a las personas recién llegadas para informarles de la realidad lingüística del país y facilitarles el acceso inmediato a los recursos para aprender catalán desde el primer día. Por otro lado, en el mundo laboral, se pondrá en marcha el grupo de trabajo del Consejo del Diálogo Social encargado de desarrollar un plan específico de fomento de la lengua como competencia profesionalizadora en el mundo del trabajo, y en el ámbito municipal, pondrá a disposición de los ayuntamientos un modelo de plan de gestión lingüística para que puedan desarrollar sus líneas de trabajo, además de una línea de subvención para incentivar el aprendizaje y uso de la lengua. En cuanto al comercio, se desplegará un plan específico de información, formación in situ y asesoramiento y apoyo a los establecimientos para facilitar el cumplimiento de la normativa. Y, finalmente, de cara al otoño se iniciará una campaña “de gran alcance” para estimular el uso del catalán entre quienes ya lo hablan y promoverlo entre los nuevos hablantes.
El acuerdo, además, fija el año 2030 como horizonte estratégico para alcanzar sus objetivos y se estructura en nueve horizontes de trabajo y 21 ámbitos de actuación que abarcan todos los ámbitos de la vida contemporánea: desde la educación y la universidad hasta el mundo laboral, pasando por la salud, la cultura, la tecnología, la cohesión social, entre otros. Las propuestas que recoge el Pacto se irán desplegando de forma progresiva y se revisarán anualmente. De hecho, el consejero de Política Lingüística comparecerá anualmente ante el Parlamento y el Consejo Social de la Lengua para presentar la memoria de ejecución y los indicadores de progreso, asegurando así que se rinda cuentas ante la ciudadanía. Además, el Pacto constituye un compromiso de actuación de todos los firmantes hasta el 2030 y aspira de ahora en adelante a captar nuevas adhesiones de instituciones, entidades, empresas y formaciones que «compartan los principios del Pacto y quieran trabajar en la misma línea». «Tiene las puertas abiertas a todos los que se quieran sumar. El Pacto Nacional por la Lengua es una invitación abierta y permanente a sumar a favor del catalán», ha remarcado Illa, que se ha comprometido a que el catalán «siga formando parte de la columna vertebral de la sociedad catalana».
Los nueve horizontes estratégicos del Pacto
El primer horizonte que establece el pacto es una política lingüística que permita superar “los retos con los que se enfrenta la lengua catalana”. Aquí, según detalla el ejecutivo, se definen los “criterios generales” para fijar una “acción coordinada entre las administraciones públicas, los actores políticos, el sector privado, las entidades, el sector asociativo y el conjunto de la población, dotación estable de recursos durante el próximo quinquenio, responsabilidad colectiva y apuesta por la cohesión social, la inclusión y la tecnología”. También se propone lograr que crezca el número de personas que hablan catalán “por encima del ritmo de crecimiento demográfico”, y fija el objetivo de incorporar 600.000 nuevos hablantes en cinco años. El tercer horizonte es que el catalán sea “plenamente oficial” en las instituciones públicas, empresas y servicios y lograr la “presencia efectiva del catalán” en todos los niveles de la administración pública, en el sistema judicial, los servicios y el sector privado. Aparte, propone trabajar de forma transversal para lograr la oficialidad del catalán en la Unión Europea.
El cuarto horizonte plantea un modelo educativo y universitario que garantice el pleno acceso a la lengua e impulse la cohesión social. En este ámbito, el Pacto sitúa el catalán “como lengua vehicular normal del sistema educativo” para garantizar el “conocimiento efectivo” por parte del alumnado. En cuanto a la universidad, el documento apuesta por utilizar el catalán como “lengua académica normal” y al mismo tiempo busca que los graduados en Cataluña dispongan de las “competencias lingüísticas necesarias” para trabajar en el país. Otro reto que afronta el Pacto es impulsar el aprendizaje y uso de la lengua entre la población adulta con el refuerzo de la oferta formativa, especialmente para las personas recién llegadas. El sexto horizonte está dedicado al mundo laboral porque se considera crucial a la hora de “construir una sociedad lingüísticamente cohesionada y que respete el derecho de los trabajadores de acceder a la lengua”. Así, sitúa como prioridad “multiplicar las opciones de aprendizaje y uso del catalán en el entorno laboral”.
El acuerdo apuesta por una oferta cultural y comunicativa que refuerce el uso de la lengua y facilite la identificación. Con este objetivo, el Pacto plantea incrementar y diversificar la oferta cultural y mediática para impulsar la presencia del catalán en todos los formatos y canales, especialmente en los ámbitos digitales y audiovisuales, poniendo especial atención en las nuevas generaciones. El octavo horizonte establece que es necesario reforzar la cooperación de todos “los territorios de la comunidad lingüística”, es decir, los Países Catalanes, y reforzar los instrumentos lingüísticos y tecnológicos que faciliten su uso. Finalmente, se promoverá una “conciencia lingüística colectiva” con el objetivo de reforzar la vinculación de la sociedad catalana con la lengua. En este ámbito, se impulsarán acciones de sensibilización, sobre todo para los más jóvenes, para fomentar actitudes positivas hacia el uso del catalán y su transmisión intergeneracional. También se quiere garantizar que todas las opciones ideológicas y sociales se sientan interpeladas en la promoción de la lengua como elemento de cohesión y de proyecto compartido.
Todos los firmantes del Pacto Nacional por la Lengua
El punto de partida al proceso de elaboración del pacto se dio en septiembre de 2021 con una resolución del Parlamento de Cataluña y, posteriormente, se abrió un proceso participativo durante 2022, que recogió más de 2.500 propuestas por parte de la ciudadanía, entidades y sociedad civil. Esta participación colectiva dio lugar a la elaboración de un documento de objetivos y medidas que ha sido objeto de debate y negociación, y que ahora llega a su fin, aunque el ejecutivo de Illa no ha podido cumplir el acuerdo con ERC para tener el pacto terminado durante los 100 primeros días de gobierno. El pacto firmado este martes al mediodía cuenta con el apoyo de seis entidades de lengua, siete entidades de la sociedad civil, ocho agentes económicos y tres partidos políticos. Entre las entidades que defienden el catalán se encuentran la Coordinadora de Asociaciones por la Lengua Catalana, Plataforma per la Llengua, Institut d’Estudis Catalans, Òmnium Cultural, el Centro Internacional Escarré para las Minorías Étnicas y Nacionales y la Fundació.cat.
Desde la sociedad civil, se han sumado al pacto la Asociación de Maestros Rosa Sensat, el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencia de Cataluña, la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña, la Confederación de Cooperativas de Cataluña, el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña, la Federación Catalana de Municipios y la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña. Entre los agentes económicos que apoyan el pacto hay varios sindicatos como Comisiones Obreras, La Intersindical, Unió de Pagesos, Unión General de Trabajadores y Unión Sindical Obrera de Cataluña, pero también el Consejo General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Cataluña, Foment del Treball y Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña. Finalmente, el pacto solo ha contado con el apoyo de tres partidos políticos: PSC, ERC y Comuns, porque Junts y la CUP han rechazado sumarse al acuerdo.
