Los años de desinversión de los diferentes gobiernos españoles del PSOE en la red de Rodalies de Cataluña es como si nunca hubieran existido. El consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, ha hablado de «desinversión crónica» durante la comparecencia que ha protagonizado este miércoles ante el pleno del Parlamento de Cataluña por la crisis de Rodalies abierta el martes de la semana pasada. Pero lo ha hecho como si esta fuera responsabilidad de un ente indeterminado, que no tiene nombre y apellidos y que no guarda relación alguna con el partido hermano del PSC en el estado español, que ha estado en la Moncloa y en el Ministerio de Transportes tanto o más que el PP. Además de esto, la intervención de Dalmau también ha girado en torno a cómo contentar a Esquerra Republicana y los Comuns, socios prioritarios de la legislatura, con el objetivo de calmar las aguas y garantizar la estabilidad del ejecutivo de Salvador Illa con un tripartito de facto y, si es posible, pactar unos presupuestos.
Dalmau, que está asumiendo las competencias de presidente de la Generalitat por el ingreso hospitalario de Illa, ha pasado por alto datos como que en el año 2021, con dos años y medio de gobierno de Pedro Sánchez, solo se ejecutó el 19,3% de la inversión presupuestada en la red de Renfe en Cataluña: 282 millones de euros de 1.462. O la promesa incumplida de José Luis Rodríguez Zapatero, que en el año 2007 anunció una inversión de 4.300 millones en Cataluña. Una intención que, como la lluvia de millones que prometió Rajoy en 2017 para intentar frenar el Procés, quedó guardada en un cajón. Además de no mencionar estos datos, Dalmau ha sacado pecho por un «cambio de tendencia histórico» con la inversión prevista en los planes quinquenales de Rodalies desde el año 2020. En este sentido, ha destacado que del Plan de Rodalies 2020-25 se han ejecutado más de 2.666 millones –obviando que la previsión era que se invirtieran 3.461 millones de euros– y también ha destacado que se han adjudicado más de 4.199 millones.
Con todo, ha admitido que estas inversiones «no son suficientes», pero ha ofrecido otro dato para defender la inversión socialista: entre 1990 y 2018, años que también contaron con gobiernos españoles del PSOE, la inversión media anual en Rodalies fue de 131 millones de euros, mientras que, en los primeros seis años del actual plan, esta cifra se ha triplicado y ha alcanzado los 444 millones anuales de media. Durante este período de casi treinta años, según un detallado Estudio de Transporte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el Estado español hizo una apuesta política por la alta velocidad y Adif, el ente que gestiona las infraestructuras ferroviarias, invirtió 56.000 millones de euros en esta infraestructura, frente a los solo 3.700 millones destinados a Rodalies.
Medidas y propuestas para satisfacer a Esquerra Republicana y Comuns
Por otro lado, el Gobierno ha centrado sus esfuerzos en intentar satisfacer las exigencias de Esquerra Republicana y Comuns, socios prioritarios que han evidenciado su malestar por la mala gestión informativa de la crisis y por la subordinación del Gobierno al ejecutivo de Pedro Sánchez, Renfe y Adif. Los dos grupos consideran que es necesario ejercer más presión sobre los titulares de la infraestructura, y han dejado claro que el traspaso no debe estar «tutelado» por Adif y Renfe. Todo esto sin que la sangre llegara al río, y sin pedir la dimisión de la consejera de Territorio, Sílvia Paneque. El Gobierno ha hecho suya la propuesta de «pacto de país» que hizo la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, para refundar el sistema de Rodalies de Cataluña. Una refundación que debe girar sobre tres ejes: mejora de las infraestructuras, renovación de la flota de trenes y mejora de la gobernanza con el traspaso a la empresa mixta de la Generalitat y Renfe. La evidencia de que los socialistas han comprado la propuesta de los Comuns ha sido subrayada por Jéssica Albiach, que ha agradecido a Dalmau que el ejecutivo le haya «recogido el guante para plantear un acuerdo de país». La propuesta no ha sido la única concesión a los Comuns, ya que en la sesión de control Dalmau se había comprometido a estudiar la posibilidad de mantener la rebaja de los abonos del transporte público para lo que queda de legislatura, un acuerdo que los Comuns han oficializado minutos después.
Esquerra, que es el partido que pactó el traspaso de Rodalies con el PSOE en la legislatura anterior, tampoco ha salido con las manos vacías del debate monográfico que se ha vivido esta mañana en el Parlamento. Los republicanos, que han pedido dimisiones «aquí y allá» más allá de los dos ceses en Renfe y Adif –pero sin concretar ningún nombre–, han reclamado al ejecutivo que elabore un informe económico para calcular el sobrecosto producido por el desbarajuste de Rodalies y que trasladen «las responsabilidades económicas» al gobierno español. Es decir, que el ejecutivo de Pedro Sánchez pague la factura de la contratación de transporte alternativo, el incremento de frecuencias de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), las levantadas de barreras de los peajes, la contratación extra de informadores y la asunción económica en los ámbitos laboral y educativo. Dalmau ha recogido el guante lanzado por la portavoz Esther Capella y ha afirmado que están trabajando este documento, dejando claro que son «muy cuidadosos de cuál ha sido el conjunto de gastos que ha significado para el conjunto de la sociedad catalana». ERC también ha puesto el foco en el traspaso y ha asegurado que la única solución pasa por esta vía. Dalmau ha remarcado que no detendrán el traspaso –contrariamente a lo que pide Junts– y que quieren acelerarlo para cumplir con todos los acuerdos pactados con los republicanos.
«El aeropuerto no pasará por encima de los trenes»
Además, las dos formaciones han cuestionado el proyecto de ampliación del aeropuerto del Prat en medio del caos ferroviario que vive Cataluña. A pesar de diferencias en la visión sobre esta cuestión, porque los socios prioritarios serían partidarios de dejar la ampliación en un cajón y el ejecutivo es partidario de llevarla a cabo, Dalmau ha dejado claro que ampliar esta infraestructura «no pasará por encima de los trenes». No obstante, ha puesto de ejemplo la situación de colapso de la red ferroviaria del país para exponer que no quiere que pase lo mismo con el tráfico aeroportuario. «La cuestión de la ampliación del aeropuerto para nosotros, lo hemos explicado muchas veces, también es una prioridad del país», ha afirmado.
Falta de autocrítica del Gobierno
Finalmente, Albert Dalmau, que había asegurado que se dirigiría a los diputados con «humildad», no ha hecho ninguna autocrítica sobre la gestión de la crisis, que ha recibido críticas por parte de todos los grupos parlamentarios, Esquerra y Comuns incluidos, porque consideran que el ejecutivo de Salvador Illa «no lo ha hecho todo bien» y ha estado condicionado por su subordinación al PSOE. A pesar de la crítica generalizada, el consejero de la Presidencia ha señalado como méritos a tener en cuenta que durante la crisis han puesto en marcha el servicio alternativo de transporte «más grande y complejo jamás visto en Cataluña» y ha dicho que han exigido soluciones a Renfe y a Adif, y también responsabilidades a la operadora y la responsable de la infraestructura. «El operador que presta el servicio, Renfe, nunca puede olvidar que debe responder y actuar a las órdenes del gobierno del país», ha manifestado en referencia a los ceses de dos directivos de estas empresas públicas.
