El Consejo Ejecutivo ha aprobado el acuerdo del Gobierno catalán que permite iniciar el procedimiento para pedir en el gobierno español la formalización de la nulidad de las sentencias impuestas al presidente de la Generalitat, Lluís Companys, una de las cuales lo condenó a la pena de muerte el 1940. En paralelo, la Dirección General de Memoria Democrática emitirá un oficio dirigido al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática para que, por un lado, emprenda las medidas necesarias para incluir la nulidad en los expedientes judiciales correspondientes y, por otro lado, emita la declaración de reconocimiento y reparación personal a favor de Lluís Companys.
El Ejecutivo defiende que la emisión de esta declaración será «un acto reparador» para la institución de la Generalitat, dado que el asesinato de Lluís Companys responde a la persecución y represión sistemática que sufrieron todos los organismos del autogobierno de Cataluña. En este sentido, el Ejecutivo catalán reclama que con este acto se reconozca el «agravio institucional» del asesinato de Companys, dado que «fue represaliado y fusilado para ser el máximo representante de la Generalitat».
El acuerdo del Gobierno catalán argumenta que «es una exigencia democrática y de justicia que el Gobierno del Estado lleve a cabo un acto de desagravio a la figura del presidente Lluís Companys i Jover, que emita una declaración de reconocimiento y reparación personal y haga constar a los expedientes de sus procesos el carácter ilegal y radicalmente nulo de las condenas impuestas contra él, para hacer manifiesta, de manera clara y sin matices, la injusticia de los procesos y de la ejecución del presidente de la Generalitat de Cataluña. El silencio y el olvido jurídicos de determinados episodios del pasado en los discursos históricos son una opción política contraria a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición».
La Generalitat se ampara en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de memoria democrática, que reconoce y declara «el carácter ilegal y radicalmente nulo» de todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas dictadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Así mismo, la norma manifiesta la ilegalidad y la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualquier otros órganos penales y administrativos que se hubieran constituido a partir del golpe de estado de 1936 para imponer condenas o sanciones de carácter personal por las razones mencionadas, así como la ilegitimidad y la nulidad de sus resoluciones. La misma ley establece que en el expediente de la causa anulada tendrá que constar la declaración de su nulidad.
Declaración de reconocimiento y reparación personal
Con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, se han llevado a cabo otras actuaciones para conseguir una declaración de reconocimiento que permita avanzar en la restitución de la figura del presidente Lluís Companys: el julio de 2009, a raíz de la solicitud presentada por su nieta con el apoyo del Gobierno catalán, el ministerio competente en memoria democrática emitió una declaración de reconocimiento y reparación personal en favor de Companys. En esta declaración dejaba constancia que sufrió violencia por razones políticas e ideológicas y que fue injustamente condenado a muerte en cumplimiento de la sentencia impuesta por un consejo de guerra ilegítimo, que se desarrolló bajo la acusación de delito de rebelión y que determinó su ejecución.
Todo y el adelanto que se había logrado con este reconocimiento simbólico, se consideró que la declaración como “ilegítima” de la condena, de acuerdo con la terminología empleada en la conocida como “Ley de memoria histórica” de 2007, no era suficiente, y se estudiaron e iniciar otras vías para restituir la figura del presidente de la Generalitat de Cataluña. Nueve años más tarde, el 21 de diciembre de 2018, el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo propuesto por el Ministerio de Justicia, por el cual se emitió una nueva declaración de reconocimiento y reparación personal en favor de Companys, que tenía que servir para completar la declaración anterior. Aun así, el Ejecutivo remarca que ambas declaraciones se han considerado «manifestaciones insuficientes para conseguir la plena restauración del honor» de Lluís Companys.
