El Gobierno de Pere Aragonès asegura por escrito, y en el Parlamento, su objetivo de gestionar la Seguridad Social, tanto los ingresos como los gastos. Así lo afirma, uno de los consejeros independientes del ejecutivo del presidente Pere Aragonès, el titular del departamento de Derechos Sociales, Carles Campuzano, en una breve, pero contundente respuesta parlamentaria, firmada el pasado 28 de febrero y a la cual ha tenido acceso El Mundo.
Campuzano aprovecha la formulación de una pregunta del diputado no adscrito, Antonio Gallego, un disidente de Vox, «sobre la exigencia al Gobierno de España de la gestión de la Seguridad Social y el pago de las pensiones», para avanzar objetivos de Gobierno. «La aspiración del Gobierno de la Generalitat es que Cataluña sea un estado soberano y que como tal disponga de todas las competencias inherentes», argumenta el consejero y uno de los históricos de CiU en la cámara española. En este sentido, el consejero sentencia que el Gobierno «trabaja día a día para avanzar en esta dirección por poder, entre otros, recaudar las cotizaciones de la seguridad social y pagar las pensiones públicas».
Un plan que viene de lejos
De hecho, esta intención de gestionar la caja de la Seguridad Social no es nueva en el sobiranismo. Durante la legislatura de Carles Puigdemont como presidente se estudió esta posibilidad. Incluso, con la propuesta de un software específico para la hacienda catalana que sirviera para una recaudación inmediata de impuestos como el IRPF, el llamado programa ‘e-Spriu’, que sustituía el programa anterior bautizado como Gaudí, poco eficiente. El entonces secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, defendió el programa como un sistema para dotar en la Generalitat de un sistema de recaudación independiente del sistema español y que podría servir de base por cualquier impuesto.
La recaudación de las cotizaciones del Régimen de la Seguridad Social era uno de los objetivos que se metían en esta gestión, a pesar de que entonces los técnicos del departamento abonasen la tesis de un tiempo de hibridación con el Estado español por el pago de las pensiones. en este sentido, cabe recordar que una de las pretensiones del soberanismo vasco ha sido también obtener esta transferencia de competencias. Un objetivo que ha topado contra el muro del principio de caja común de la seguridad social que alega el Estado.
