Representantes de la Plataforma Rompiendo el Silencio se han reunido este martes por la tarde con diputados del PSOE para abordar de manera definitiva las violaciones de derechos fundamentales, los abusos y las muertes no aclaradas que ocurrieron durante el servicio militar obligatorio en los años 80 y 90. El encuentro, que se logró después de que Francesc Robelló, portavoz de la plataforma, enviara una carta al presidente del gobierno español Pedro Sánchez, donde adjuntó la entrevista publicada en El Món el 26 de abril; contó, según ha podido saber este diario, con la presencia de la portavoz de Defensa del PSOE, Begoña Nasarre, y el portavoz del PSOE de Memoria Democrática, Raúl Díaz. Durante el transcurso de esta, la plataforma ha entregado una propuesta de proposición no de ley (PNL) «cerrada y blindada» que encomienda formalmente a la institución del Defensor del Pueblo la apertura de una investigación en profundidad sobre estos hechos durante el período democrático.
Esta propuesta parte de dos precedentes políticos. Por un lado, la PNL presentada el pasado 26 de febrero por ocho partidos de la cámara baja –Junts, ERC, PNB, EH Bildu, Sumar, Podemos, BNG y Coalición Canaria– y el precedente de marzo de 2022, cuando el mismo PSOE aprobó encomendar al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, la investigación de los abusos en la Iglesia. Además, la propuesta recoge el guante de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien la semana pasada admitió la idoneidad de esta vía y aseguró que su Ministerio colaborará con las comisiones investigadoras que surjan. «Colaboración máxima por parte del Ministerio de Defensa, siempre que se creen las comisiones de investigación por parte de quien tenga competencia para ello, no escatimaremos esfuerzos», subrayó. Sin embargo, los socialistas españoles han votado junto al PP y Vox hasta tres veces para frenar cualquier iniciativa para impulsar una investigación.
El articulado de la proposición no de ley establece cinco condiciones de «obligado cumplimiento» para la investigación que debería liderar el Defensor del Pueblo. El texto contempla la creación de una Comisión de Expertos Independientes, donde se integrará de forma preceptiva y obligatoria la representación de los familiares afectados, una instrucción escrita y obligatoria del gobierno español para permitir el acceso inmediato a expedientes disciplinarios, médicos y judiciales y la creación de un canal oficial, seguro y confidencial a escala estatal para recoger los testimonios y denuncias de los afectados con protección integral. También contempla la obligación de rendir cuentas periódicamente a las víctimas y un límite estricto de un año para registrar el Informe Definitivo en las Cortes Generales y, finalmente, se exige la declaración pública de perdón institucional por parte del presidente del ejecutivo español en sede parlamentaria, así como fondos de reparación económica, moral, asistencia jurídica gratuita y apoyo psicológico permanente.
«Hagan su trabajo: la responsabilidad moral no prescribe»
Ante la petición de estadísticas o el intento de derivar el caso hacia reclamaciones individuales, Robelló ha sido contundente al exigir una respuesta institucional: «Son cientos de casos. Como plataforma modesta no tenemos los medios ni la capacidad de llegar a todo el mundo ni de abrir los archivos militares. El Estado reclutó a estos jóvenes de forma obligatoria y colectiva, y el Estado debe dar una respuesta colectiva». Por ello, reclama a los socialistas que «hagan su trabajo» porque «la responsabilidad moral no prescribe». «Si exigieron transparencia a una institución externa como la Iglesia, sean coherentes y apliquen lo mismo ahora a una institución propia como el Ejército», sentencia.
Tiempo de cortesía para estudiar la propuesta
El documento ya está en manos del PSOE, pero la plataforma ha concedido «un tiempo prudencial de cortesía» para que tanto el grupo socialista como el Ministerio de Defensa estudien el texto o propongan enmiendas. Aun así, Rompiendo el Silencio ha dejado claro que «no permitirá maniobras dilatorias» y, según ha podido saber El Món, el margen de tiempo que se da la plataforma para obtener respuesta es de tres semanas. «Si el PSOE no asume la iniciativa o intenta dilatar el proceso, la Plataforma pedirá directamente a los partidos de la mayoría que están de acuerdo que registren el texto exacto y lo lleven a votación inmediata al Pleno del Congreso».
