Tanto el PSOE como el gobierno español confían en la constitucionalidad de la ley de amnistía y se muestran tranquilos a pesar de la publicación de un nuevo informe de los letrados del Congreso que plantea algunas dudas sobre la tramitación de la norma. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que la Moncloa tiene informes que avalan la constitucionalidad de la ley, elaborados por juristas con «como mínimo el mismo prestigio que tienen los otros”.
En una entrevista en Antena 3, Montero ha insistido que la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional cuando el PP interponga el recurso. “Esperaremos al informe definitivo”. La ley de amnistía se votará en el pleno del Congreso el próximo 30 de enero, según han informado fuentes parlamentarias después de que esta mañana haya superado el trámite de audiencia. Finalmente, los partidos de la mayoría de investidura, incluido Junts, han votado a favor de incorporar al texto las enmiendas pactadas por el PSOE, Sumar, ERC, Bildu y BNG y han dejado abiertas el resto de enmiendas presentadas por los independentistas en solitario, a pesar de que los socialistas han asegurado que no las aceptarán.
Nueva ofensiva del PP contra la amnistía
El PP, que ha avanzado que retrasará la tramitación de la ley cuando pase por el Senado, donde tiene mayoría absoluta, ha redoblado las críticas contra el PSOE a raíz del informe de los letrados de la Comisión de Justicia. El portavoz del grupo parlamentario de los populares, Miquel Tellado, ha anunciado que emprenderán acciones contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por haber “ocultado” el documento y la ha acusado de ser la “ministra 23” del gobierno de Pedro Sánchez. Tellado ha avanzado que este mismo jueves elevarán una “queja” a la Junta de Portavoces.
Los populares se quejan de que el informe de los letrados del Congreso se emitió el 10 de enero, pero que no han tenido “acceso y conocimiento” hasta el día 16 a las 19.00, una hora después de que se agotara el plazo para presentar enmiendas. “Es evidente que se ha intentado ocultar este informe por todos los medios y que hay una responsabilidad”, ha espetado Tellado. “No es un informe más”, ha denunciado, sino un documento que alerta de la “flagrante inconstitucionalidad” de la ley de amnistía. Los letrados aseguran que la norma se tendría que haber tramitado como una reforma de la Constitución.
