Yolanda Díaz repetirá como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que este lunes ha anunciado un ejecutivo de continuidad, pero con algunas caras nuevas. Tal como estaba previsto, la política gallega será la cara visible de Sumar en el Consejo de Ministros y afronta esta segunda legislatura con el buen currículum que le da el trabajo hecho al frente de Trabajo —en especial la gestión de los ERTE durante la pandemia y el retoque descafeinado de la reforma laboral— y el camino libre de competencia después de la liquidación de Podemos.
Después de la dimisión de Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno español en 2021, Díaz ha ganado peso en el espacio político a la izquierda del PSOE, que ha conseguido aglutinar bajo las siglas de Sumar. Desde el primer momento, Díaz dejó claro que la coalición que lidera no aceptaba las injerencias de Podemos —se dice que llegó a vetar a Irene Montero para que no fuera a las listas— y esto abrió una crisis interna que a punto estuvo de acabar con divorcio antes de las elecciones españolas del 23-J.
El tira y afloja de Díaz y Podemos ha tenido un segundo asalto durante las negociaciones para formar gobierno. Podemos quería que Irene Montero mantuviera Igualdad, un ministerio que el PSOE ya tenía decidido recuperar después de las polémicas por la ley trans y del solo sí es sí. Y Díaz tampoco hizo ningún esfuerzo para retenerlo. Fiel a su talante negociador, Díaz ha apostado por un perfil bajo y se ha conformado con Trabajo y Derechos Sociales y ha cambiado Igualdad, Consumo y Universidades por Sanidad, Cultura y Juventud, tres ministerios con poco peso y presupuesto limitado. La nueva ministra de Juventud, Sira Riego, mano derecha de Alberto Garzón y una de las mujeres fuertes de Izquiera Unida, es la apuesta más política e ideológica de Sumar. El eurodiputado de Ernest Urtasun, el exdirigente de Podemos Pablo Bustinduy y la dirigente de Más Madrid Mónica García completan la nómina de ministros de Sumar.
Del diálogo social a la enemistad con la CEOE
Durante su tenencia como ministra de Trabajo, Díaz ha desencallado algunas de las grandes reformas recientes del modelo productivo español con diferentes grados de acuerdo con el diálogo social del estado. Las primeras subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aceleradas por el ejecutivo contaron con la aquiescencia de la CEOE, así como de los dos principales sindicatos, CCOO y UGT —la mesa de negociación en el Estado tiene solo tres actores, a diferencia de Cataluña, donde la representatividad de las pymes no está integrada en la patronal única—. A partir de 2021, la relación de la vicepresidenta con los empresarios se rompió, con dos subidas del SMI acordadas únicamente con los representantes del mundo del trabajo.
Díaz, con su movimiento, cogió una página del libro del PP, que implementó sus reformas laborales solo con el sí de la patronal. Esto, no obstante, no ha enfriado la agresividad de los de Antonio Garamendi, que después de una primera mitad de legislatura pacífica han atizado el fuego contra el ministerio de Trabajo. Tanto la CEOE como sus sucursales territoriales y sectoriales —incluida Foment del Treball— han cogido la costumbre de rechazar sistemáticamente las propuestas de la vicepresidenta segunda, y el empresariado empieza ya a sugerir, incluso «renegociar», la medida estrella de los últimos cuatro años. Una rectificación que no contemplan los sindicatos, que a pesar de reclamar su protagonismo en cualquier debate económico que se dé en el seno del Consejo de Ministros, alaban a menudo las posiciones de Díaz —hija, no en vano, del comunista Suso Díaz, el que fuera secretario general de CCOO en Galicia—.
Para garantizar no solo la investidura, sino cuatro años de gobernabilidad desde dentro del ejecutivo, Díaz firmó con Sánchez una multitud de nuevas medidas económicas que, en este caso, han levantado reticencias a ambos lados del diálogo social. Fuentes empresariales, de hecho, han llegado a tildar el paquete legislativo acordado entre Sumar y PSOE como una nueva «reforma laboral encubierta» y de todavía más profundidad que la de 2021. El importante retroceso del espacio de la izquierda alternativa en cuanto a su cuota de poder en Moncloa no ha impedido que la gallega empiece a presionar a Sánchez para aplicar algunas de sus banderas para la próxima legislatura, como es la ya pactada reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, la vinculación del SMI al salario mediano del Estado o la reforma del mandato del Banco Central Europeo para incluir objetivos de pleno empleo.
