Tras los reiterados bloqueos en el Congreso de los Diputados, la Plataforma Rompiendo el Silencio —que agrupa familiares y afectados por muertes, suicidios no esclarecidos y negligencias en los cuarteles— ha activado una ofensiva municipalista en toda Cataluña para forzar al Estado español a abrir los archivos militares e investigar a las más de 1.900 víctimas registradas durante las décadas de los 80 y los 90. La iniciativa cuenta con la complicidad de las redes municipales de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP, que han distribuido oficialmente la propuesta de moción a los consistorios del país.
El objetivo es articular un clamor de abajo hacia arriba que contrarreste las continuas negativas del Congreso, donde el PSOE se ha posicionado en contra del derecho a la verdad junto a partidos como PP y Vox. Fuentes de la plataforma subrayan en El Món que PSOE, PP y Vox «han bloqueado hasta 11 veces –la última esta pasada semana– la comisión de investigación» sobre los abusos en el servicio militar. En este sentido, subrayan que la iniciativa pretende presionar desde el territorio y «hacer ver al PSOE que no puede continuar con esta línea de bloqueo, alineándose sistemáticamente con la ultraderecha».
El gobierno de Collboni, arrastrado a presionar en Madrid por un ruego de Junts
Este jueves, el pleno municipal de Cardedeu ha sido el primero en debatir y someter a votación el texto –la propuesta ha salido adelante con el voto a favor de Junts, ERC, CUP, Gent pel Canvi y la abstención del PSC–. En este contexto, la capital catalana juega un papel clave. Este viernes, el grupo municipal de Junts per Barcelona presentó y leyó un ruego formal en el plenario del Ayuntamiento, que fue aceptado por el gobierno municipal.
“Esta demanda es más que justa, pero ha chocado contra un muro de silencio con las siglas del PSOE, que ha votado, una y otra vez, con PP y Vox en el Congreso de los Diputados en Madrid para impedir que se celebre una comisión de investigación”, denunció el concejal de Junts Joan Rodríguez, quien recordó que el PSC también se abstuvo en una declaración en el Parlamento. “Mientras las familias continúan buscando respuestas, ustedes les dan silencio, un silencio que los hace cómplices”, denunció.
Esta acción ha servido para forzar al gobierno municipal, del PSC, a posicionarse públicamente y para lograr que la capital reclame formalmente al gobierno de Pedro Sánchez la desclasificación de los archivos militares y el reconocimiento de las víctimas del servicio militar. Fuentes de la entidad valoran muy positivamente el ruego aceptado por el gobierno de Jaume Collboni porque «será un ayuntamiento socialista que inste al gobierno español, del mismo partido, a investigar los hechos de una vez por todas».
Esta estrategia tendrá una continuidad sostenida durante el otoño y el invierno (entre los meses de octubre y enero), periodo en el que decenas de plenos municipales de todo el territorio irán programando la votación de la moción para coordinar una presión institucional de carácter transversal. De hecho, además de estos dos municipios, el Vendrell debatirá la moción el próximo 28 de septiembre y ERC también llevará el texto a los ayuntamientos de las Tierras del Ebro.
Todo lo que pide el texto de la moción impulsada por la plataforma
El texto de la moción toma como catalizador el impacto social provocado por el documental de TV3 Et faran un home: morts silenciades, que desveló el sufrimiento de las familias sometidas a un «pacto de silencio» institucional durante décadas. Entre las demandas incluidas en la propuesta hay tres propuestas muy concretas. Primero, piden la apertura inmediata y total de la documentación y los archivos militares relacionados con las muertes, suicidios no esclarecidos, negligencias y accidentes en los cuarteles entre 1976 y 2001. Segundo, que se abra una investigación independiente con la creación de una comisión de investigación en el Congreso o bien la tramitación de una Propuesta No de Ley (PNL) que utilice el mismo mecanismo aprobado para los abusos en la Iglesia –pedir al Defensor del Pueblo que lidere un equipo de expertos independientes–. Y, tercero, el establecimiento de mecanismos oficiales de reconocimiento moral, jurídico y de reparación para las familias de las víctimas.
Ejercer presión en el Congreso con la iniciativa municipalista
Por otro lado, la plataforma recuerda que el pasado 16 de junio trasladó en mano la propuesta de investigación independiente, a través del Defensor del Pueblo, y que, ante la falta de respuesta favorable en la cámara baja española, la entidad confía en que la respuesta masiva desde el ámbito local catalán obligue a las instituciones del Estado a asumir sus responsabilidades en la memoria democrática y los derechos humanos. De hecho, uno de los puntos de la moción es que los municipios que la saquen adelante notifiquen su postura a la Mesa del Congreso de los Diputados, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso, al Ministerio de Defensa, al Defensor del Pueblo.
