La ley de amnistía empezará su tramitación parlamentaria esta semana y abrirá una legislatura que se presenta incierta y llena de trabas. El PSOE ha conseguido atar la investidura de Pedro Sánchez después de unas negociaciones largas y complicadas —en especial con ERC y Juntos— y ahora tiene el reto de cumplir las promesas hechas a todos sus socios con el Poder Judicial sublevado y las calles incendiadas por el empuje del PP. Los populares ven que las encuestas apoyan su política de confrontación y rechazo de la amnistía y están dispuestos a tensar la cuerda hasta las últimas consecuencias.
Fuentes de Ferraz han explicado que la ley de amnistía, que se está acabando de perfilar, se podría registrar este mismo lunes y espera que la firmen todos los partidos que apoyan a Pedro Sánchez, a excepción de Coalición Canaria, que se ha sumado a última hora y es contraria a la norma. La dirección socialista matiza que no tiene “prisa” para presentar la ley, pero hacerlo este lunes permitiría que la Mesa del Congreso la debatiera en su reunión semanal de los martes. Esto también permitiría que el texto empiece el trámite parlamentario antes de la investidura de Pedro Sánchez, tal como reclaman los partidos independentistas catalanes.
Una legislatura pendiente de muchos frentes
Cualquier retraso o traba en estos primeros pasos de la tramitación de la ley de amnistía supondría un revés importante para Sánchez, que en los últimos días ha recibido sendos avisos de ERC y Junts sobre la fragilidad de la legislatura. Tanto republicanos como juntaires han advertido al PSOE que la legislatura tiene futuro en la medida que se cumplan los acuerdos pactados y, con unas elecciones al Parlamento de Catalunya a la vista —la fecha tope sería en febrero del 2025, es decir, en solo un año y medio—, ninguno de los dos partidos se puede permitir mostrar ninguna debilidad ante un gobierno español que tiene un largo currículum de incumplimientos.
Más allá de la ley de amnistía, que hace semanas que se da por sentada, el gobierno español tendrá que lidiar con otras muchas carpetas que exigirán adelantos constantes, como el traspaso de Cercanías, la oficialidad del catalán en la Unión Europea o el nuevo sistema de financiación para Cataluña. Los socialistas también tienen el reto mayúsculo de negociar con ERC y Junts en mesas de diálogo separadas que competirán y, al mismo tiempo, tendrán que ser complementarias.
Los últimos flecos de la ley de amnistía
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, explicó hace un par de días que la ley de amnistía está “pactada” y que solo queda para pulir “algún detalle técnico” que se tiene que resolver en los próximos días. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este lunes en una entrevista en Catalunya Ràdio que la ley podría empezar su tramitación incluso si no están cerrados todos los detalles, puesto que hay recorrido para introducir enmiendas y corregir cualquier defecto durante el largo camino que el texto tiene por delante. La investidura de Pedro Sánchez también podría ser esta misma semana, pero desde el PSOE todavía no se atreven a poner una fecha concreta.
Bolaños ha insistido que la amnistía tendría que beneficiar a todas aquellas “personas que tienen causas penales, administrativas o contables derivadas o vinculadas al proceso soberanista”, una definición similar a la que Carles Puigdemont hizo desde Bruselas después de cerrar el acuerdo con el PSOE. El texto marca la consulta del 9-N (2014) y el referéndum del 1-O (2017), ambos declarados ilegales por el Tribunal Constitucional, como ejes centrales del Proceso, pero reconoce que hubo “actos preparatorios” y hechos posteriores vinculados a las dos fechas que permiten fijar el periodo de aplicación del 2012 al 2023.
El ministro de Presidencia no quiso aclarar si la presidenta de Junts, Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio de prisión por prevaricación y falsedad documental, se podría beneficiar de la amnistía. Bolaños se ha escudado en el hecho que la ley de amnistía no está hecha para “beneficiar o no a ninguna persona” en concreto, puesto que esto daría pie a su anulación por parte del TC. “El que esté dentro del proceso soberanista será amnistiado y el que esté fuera, no será amnistiado”, se limitó a decir, a pesar de que tuvo que reconocer que al final será un juez quien decidirá.
