Junts y el PSOE han acordado una nueva transferencia de competencias menores para Cataluña a cambio de dar más margen de actuación a Pedro Sánchez, que estaba en tiempo de descuento por el incumplimiento de los grandes acuerdos con los de Carles Puigdemont que llevaron a su investidura. El mismo día que la ley de amnistía cumple un año de su aprobación —y el mismo Puigdemont aún vive en Bélgica porque el Tribunal Supremo se niega a aplicársela—, los dos partidos han anunciado un acuerdo para que la Generalitat asuma la gestión integral de los secretarios, interventores y tesoreros municipales, trabajadores públicos englobados dentro del grupo de funcionarios de administración local con habilitación estatal.
El nuevo acuerdo llega en un momento complicado para las relaciones entre las dos formaciones. La oficialidad del catalán en la Unión Europea vuelve a estar atascada a pesar de los últimos esfuerzos del gobierno español, el traspaso de las competencias de inmigración también bloqueado mientras buscan apoyos en el Congreso entre los socios de investidura y la amnistía se está aplicando a cámara lenta. Eran las tres patas de los grandes acuerdos Junts-PSOE para la legislatura y de momento ninguna se ha materializado por completo. En este contexto, ambos partidos necesitan buscar otros caminos para mantener una relación que, en el fondo, nadie quiere romper porque la alternativa es peor.
Las competencias que se ha acordado traspasar ya estaban en manos de la Generalitat, que las había “gestionado con éxito”, según recuerda Junts, hasta que fueron recentralizadas en 2013 bajo el gobierno del PP. “Se trata de un avance clave para el buen funcionamiento institucional de los municipios y la estabilidad administrativa local”. El acuerdo incluye medidas para poner fin al abuso de la temporalidad en el sector público, garantizar los derechos lingüísticos de los catalanes y refuerza el deber de los funcionarios del Estado de atender a los ciudadanos en la lengua que elijan, así como la reserva de plazas en el ámbito judicial para catalanohablantes.
El PSOE salda una deuda de enero de 2024
Tal como han explicado ambos partidos en un comunicado, el pacto se ha cerrado en el marco de las negociaciones de la tramitación de la ley de función pública del Estado y se plasmará sobre el papel con una disposición adicional específica para Cataluña en la ley de Bases de Régimen Local. Esta disposición permitirá que la Generalitat pueda crear, clasificar y suprimir los puestos de trabajo relacionados con estas tres profesiones y también tendrá competencias para aprobar ofertas de empleo público, procesos de selección, nombramientos, procesos de provisión y la gestión administrativa integral de los funcionarios que ocupan estos cargos.
“Con este avance largamente reclamado por el mundo local, Junts cumple con el compromiso arrancado al PSOE para la convalidación de los reales decretos ley en enero de 2024 referente al reconocimiento de la posición singular en materia institucional de la Generalitat a consecuencia de los derechos históricos y la tradición jurídica catalana (art. 5 del Estatuto), y contribuye a revertir la situación crítica que padecen muchos ayuntamientos catalanes, donde el 66% de los puestos de secretaría, intervención y tesorería se encuentran vacantes o ocupados interinamente, generando graves disfunciones”, apuntan desde Junts.
