España ha adjudicado 46 contratos a empresas e industrias militares israelíes por valor de 1.044 millones de euros desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, según afirma el Centre Delàs d’Estudis per la Pau de acuerdo con la información de la Plataforma de Contratación del Estado. La entidad catalana ha hecho públicas las cifras como un adelanto de su informe sobre las relaciones militares entre España e Israel, que a nivel político están congeladas por las operaciones militares en Gaza iniciadas a raíz de la masacre de Hamás en el sur del país hace un año y medio. De estos contratos, una decena no han sido formalizados y suman la mayoría del dinero comprometido. Entre los contratos que no se han ejecutado hay uno para comprar lanzacohetes SILAM por valor de 576,4 millones de euros u otro para adquirir misiles Spike por 237,5 millones.
La vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, ha asegurado este viernes que el estado español también debe rescindir los nueve contratos con empresas israelíes pendientes de formalizar y que suman más de 800 millones de euros. “El acuerdo del gobierno de España está vinculado a la no posibilidad de compra de armamento a Israel”, ha insistido, porque es “un estado genocida” que “ha matado a más de 50.000 personas, mata niños y niñas cada día, y está asfixiando la Franja de Gaza”. Díaz ha defendido que la rescisión de los contratos está “amparada por la legalidad” y que contarán con todos los informes preceptivos. También se ha mostrado convencida de que no será necesario pagar indemnizaciones.
El informe del Centre Delàs llega en plena polémica por un contrato licitado por el Ministerio del Interior para comprar munición a la empresa israelí IMI Systems por valor de 15 millones de euros. El contrato se licitó el 2 de febrero de 2024, casi cuatro meses después de que el gobierno español anunciara que “desde el 7 de octubre de 2023 España ni compra ni vende armamento a las empresas israelíes”. La publicación del acuerdo ha abierto una nueva crisis interna en el gobierno de coalición y finalmente el presidente español, Pedro Sánchez, ha intervenido y ha ordenado la rescisión del contrato para evitar más tensiones con Sumar. Interior adjudicó el contrato el 21 de octubre de 2024, un año después de la prohibición anunciada por la Moncloa, y unos días después intentó rescindirlo, pero desistió porque “la anulación habría supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado”, según fuentes del ministerio que comanda Grande-Marlaska.
Las relaciones España-Israel, tocadas, pero no hundidas
El Centre Delàs asegura que los datos de los contratos adjudicados, aunque seguramente muchos se licitaron desde octubre de 2023, demuestran que el gobierno español “ha mantenido la contratación de productos militares a empresas militares a pesar de haber reiterado que esto no ocurría en varias ocasiones”. En el adelanto de su informe, la entidad detalla que algunas de las adjudicaciones corresponden a servicios de mantenimiento o modernización de armas y sistemas adquiridos con anterioridad, mientras que otros son nuevos y “podrían aumentar la dependencia en cuanto a este mantenimiento y modernización”. Esto genera una “preocupante complicidad” entre las empresas de armas españolas e israelíes. De hecho, el Sistema Lanzador de Alta Movilidad (SILAM), que está incluido en uno de los contratos no formalizados, es un proyecto conjunto de las empresas españolas Rheinmetall Expal Munitions y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y la israelí Elbit Systems que se adjudicó en diciembre de 2023.
La entidad insiste en que el análisis de las adjudicaciones de contratos no debe hacerse desde el punto de vista económico y de las posibles penalizaciones por cancelarlos, sino que debe hacerse desde un prisma político, humanitario y ético. Por eso, el Centre Delàs ha exigido al estado español que cancele todos los contratos ya formalizados o que estén en ejecución que contribuyan a “mantener, legitimar o impulsar el genocidio y los crímenes de guerra de las acciones militares de Israel sobre la población civil palestina de Gaza y Cisjordania”.
También ha criticado que el gobierno español no hubiese comenzado ningún procedimiento administrativo para revocar el contrato de compra de munición israelí para la Guardia Civil hasta que estalló la polémica, sino que se limitaron a analizar si era posible hacerlo. Y recuerdan que si el estado español hubiese acordado un embargo integral de armas a Israel que incluyera las importaciones y la prohibición de contratar empresas israelíes, ninguno de estos contratos administrativos se habría podido hacer. “Si el gobierno español tuviera voluntad política, podría imponer este embargo a través de un decreto ley en la próxima reunión del Consejo de Ministros”, denuncia.
