La oficialidad se vuelve a debatir este viernes en la mesa del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, pero la iniciativa sigue sin contar con la unanimidad de los 27 y no se prevé que se someta a votación. Ante este escenario, España ha acusado a los países europeos reacios a la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la UE de “secuestrar” la iniciativa. Lo ha hecho a través del secretario de Estado para la UE, Fernando Mariano Sampedro Marcos, quien, antes de entrar a la reunión, ha recriminado a los países que aún se oponen a la propuesta que no hayan trasladado argumentos “legales” o “económicos” para “retrasar” la aprobación de la medida. “Si hay cualquier estado miembro que necesite cualquier otra cuestión de la Comisión o el Consejo, que lo pidan”, ha dicho, pidiendo que no se alargue este debate de manera “innecesaria”.
De cara a la reunión de hoy, Sampedro Marcos espera que quede “claro” que “se han abordado todas las dudas” de los estados reacios y que no hay razón para que la medida no pueda ser aprobada. Aun así, el ministro de Asuntos Europeos de Polonia, Adam Szlapka, ha avisado que la petición plantea «muchas dudas», especialmente legales, entre los Estados miembro. «Hay muchas dudas sobre este asunto entre los estados miembros y creo que hay ciertas dudas legales», ha indicado, y ha pedido «un poco más de tiempo» al tiempo que ha descartado que hoy se pueda tomar una decisión. No es solo Polonia, ha dicho, sino «la mayoría de los Estados miembro», y ha reiterado que necesitan «más tiempo» para resolver las cuestiones pendientes, especialmente en lo que respecta a las «preocupaciones legales».
Aparte del representante polaco, también han mostrado sus reservas Luxemburgo o Dinamarca. El ministro de Asuntos Exteriores luxemburgués, Xavier Bettel, ha puesto en duda que la oficialidad de las tres lenguas se acabe votando en la reunión de hoy: «Creo que el momento no es realmente el adecuado». Aunque Bettel «entiende perfectamente» las sensibilidades del Estado español en cuanto al multilingüismo, ha insistido en que el consenso necesario para avanzar con la medida aún debe consolidarse. La ministra de Asuntos Europeos danesa, Marie Bjerre, por su parte, ha dicho que «facilitará el debate» en torno a la propuesta española, pero ha advertido que existen «varias dudas» por parte de algunos estados miembros, tanto en aspectos vinculados al ámbito legal como en aspectos vinculados al ámbito presupuestario.
Casi dos años del acuerdo entre el PSOE y Junts
Desde que el Gobierno pactó con Junts en agosto de 2023 defender la oficialidad del catalán en la UE como condición para la investidura de Pedro Sánchez, el asunto se ha incluido en la agenda de seis reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE –cuatro bajo la presidencia de turno de España, cuando el Gobierno fijaba la agenda y otra sexta, en mayo con Polonia–. Esta vez no se presenta como un «punto para adopción», sino como un mero punto de debate, lo que en la práctica supone dejar margen al secretario de Estado de la UE, Fernando Sampedro, para solicitar en el último momento una votación si así lo considera.
En mayo, el ejecutivo español presentó una propuesta de reforma del reglamento de lenguas más completa que incluía en su parte de «considerando» el compromiso de asumir todo su coste y planteaba una implementación parcial a partir de 2027, ya que a partir de esta fecha únicamente se traducirían de toda la legislación comunitaria los reglamentos del Consejo y del Parlamento, lo que en la última legislatura supuso menos del 3% de todos los actos jurídicos. Esta aplicación parcial derivaría de una «derogación» inmediata por la cual las instituciones de la UE no estarán obligadas a redactar todos sus actos legislativos ni a publicarlos en el Diario Oficial de la UE en las tres lenguas, según consta en la propuesta trasladada a las capitales. Esta derogación sería revisada a más tardar en un plazo de cuatro años y podría ser revertida pero, nuevamente, mediante decisión por unanimidad de los 27.
